Aragón garantiza un servicio de asesoría jurídica a la mujer
Natalia Salvo ha comparecido, a petición propia, para informar sobre los contratos de asesoría y guardia jurídica del Instituto Aragonés de la Mujer
La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, ha asegurado este miércoles en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón que el IAM garantiza un servicio de asesoría jurídica a la mujer “de calidad” y que funcionará tal como venía haciéndolo hasta ahora.
Además, ha insistido en que “no podemos permitirnos infundir inseguridad y miedo a las mujeres porque el IAM está prestando y va a seguir prestando los servicios de asesoría y guardia jurídica para víctimas de violencia doméstica”.
Salvo ha comparecido, a petición propia, para informar sobre los contratos de asesoría y guardia jurídica del Instituto Aragonés de la Mujer. En el transcurso de la misma ha querido dejar claras varias cuestiones. Por una parte, ha asegurado que “la guardia jurídica del IAM atiende exclusivamente situaciones de violencia doméstica, pues la asistencia jurídica integral a mujeres víctimas de violencia de género es competencia de la Dirección General de Justicia, que tiene un decreto de Justicia Gratuita que, en el ámbito de violencia sobre mujer, significa que existe un turno de abogados de guardia en todo Aragón, un servicio que están prestando los Colegios de Abogados”.
Por otra parte, ha querido puntualizar que la asesoría jurídica del IAM está dirigida a cualquier mujer, sean o no víctimas de violencia, sobre cualquier aspecto jurídico que les afecte”. Así, ha asegurado que de las 867 mujeres que atendió en 2015, solo 60 eran víctimas de violencia de género y/o doméstica. Estos datos están recogidos en la memoria que fue remitida a las Cortes hace dos meses.
Este servicio, ha añadido, “se limita al asesoramiento puntual sobre las cuestiones planteadas, excluyendo en todo caso la tramitación directa de asuntos, la redacción de cualquier tipo de documento o la recomendación de profesionales, así como la defensa y representación en juicio”.
Ante este último contrato, la directora del IAM ha afirmado que “Intervención General del Gobierno de Aragón ha puesto de manifiesto por la amplitud tanto de su objeto, como de sus posibles destinatarias, que la asesoría no presenta una conexión suficiente con el turno de guardia para violencia de género que pudiera justificar su adjudicación directa a los mismos colegios de abogados, ni concurre ninguna otra circunstancia que permita constatar una situación de exclusividad para su gestión”.
Ha insistido, además, en que con la legislación actualmente vigente, con la entrada en vigor a partir del 18 de abril de nuevas directivas europeas en materia de contratación, y los efectos derivados de las mismas conforme a la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa publicada mediante resolución de 16 de marzo en el BOE, se endurecen notablemente las exigencias de publicidad y concurrencia para los contratos de servicios, incluidos los que tengan por objeto servicios sociales. Ante esta situación, se ha procedido a la licitación pública del contrato de asesoría para mujeres.
Natalia Salvo se ha referido a la naturaleza jurídica de los Colegios de Abogados, siendo estos entidades asociativas con personalidad jurídico-privada, sin que el hecho de que no tengan ánimo de lucro permita justificar la exclusividad pretendida en la adjudicación.
En lo que se refiere a la asistencia jurídica de emergencia a mujeres víctimas de violencia doméstica, el Colegio de Abogados ha declinado a seguir prestando este servicio ya que, según han comunicado telefónicamente y por carta “no les interesaba seguir prestándola, pues o les dábamos por adjudicación directa los dos contratos o ninguno”, ha dicho Salvo.
La directora del IAM ha insistido en repetidas ocasiones en que “nuestra voluntad ha sido siempre que los colegios de abogados sigan prestando este servicio”, y ha asegurado que podrían concurrir al concurso. Ante la negativa del colegio a seguir prestando el servicio de guardia jurídica, “el IAM se ha visto obligado a estudiar otras opciones con el fin de seguir prestando el servicio como se venía y se viene haciendo”, ha afirmado Natalia Salvo.
Asimismo, ha querido demostrar que “el compromiso con estos dos servicios tan importantes es absoluto y por ello hemos incrementado presupuestariamente ambos de manera notables”. Ha asegurado que se ha subido el presupuesto de la asesoría jurídica un 10% y en lo que se refiere a la guardia jurídica a víctimas de violencia doméstica se ha incrementado un 29% en el caso de Zaragoza, un 30% en Huesca y un 66% en Teruel.
