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Las mujeres rurales están de celebración. Celebran el pago de una deuda histórica que la sociedad tenía contraída con ellas desde hace mil años o desde, como dicen algunos, desde el neolítico, cuando empezó a hacerse visible el concepto de la propiedad. Y es que, por fin, el pasado mes de julio se saldó dicha deuda, o al menos se firmó el ‘primer pagaré’, con la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. En total, se calcula que se podrán beneficiar de esta ley cerca de 100.000 mujeres españolas que, hasta ahora, desde que se levantaban hasta que se acostaban, colaboraban en las tareas de la explotación familiar sin remuneración económica alguna, sin derecho a baja por maternidad, sin pensión de jubilación. Con la nueva normativa se permite a las mujeres figurar como copropietarias y trabajadoras de los negocios familiares del campo, algo tan simple y ‘de cajón’, pero que, sin embargo, no se reconocía jurídicamente el papel femenino en el sector agrario. Además, las explotaciones de titularidad compartida tendrán prioridad para acceder a ayudas económicas públicas y tanto las subvenciones como los rendimientos se repartirán al 50% entre las dos personas titulares, según esta Ley.
Ahora lo que toca, porque con esta Ley no está todo hecho, es lograr hacer efectivo y real el cambio en la cultura del medio rural, un cambio que requerirá una vez más la aportación y la participación de las mujeres del mundo rural quienes, sufridas por ser mujeres y por vivir en un ámbito hostil, recuperan hoy una brizna de la dignidad que siempre les hurtó la sociedad machista. Ha costado pero, mejor tarde que nunca.
Isabel García