Valencia promueve planes contra las desigualdades

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado 500.000 euros a un total de 36 ayuntamientos y mancomunidades para la elaboración y desarrollo de planes municipales de inclusión y cohesión social en 2018, según ha anunciado la directora general de Inclusión Social, Inmaculada Carda.

Tal y como ha explicado Carda, se han resuelto 36 subvenciones, 31 para ayuntamientos y 5 para mancomunidades, «que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 euros cada una de ellas, y que serán destinadas a financiar el apoyo técnico para la elaboración de los planes municipales de inclusión y cohesión social».

La directora general ha destacado que, este año, es la primera vez que se convocan este tipo de ayudas para los municipios, y ha recordado que se enmarcan «en el desarrollo del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión social (VICS) 2017-2022».

La concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se dirige a los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana cuya población supere los 10.000 habitantes y se comprometan a la elaboración de un plan municipal de inclusión y cohesión social y a la creación del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales.

Inmaculada Carda ha señalado que, con esta iniciativa «queremos acercar el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social a la ciudadanía contando con la colaboración de las corporaciones locales, para que los municipios impulsen sus propias evaluaciones y planes locales en esta materia».

Coincidiendo con esto, el propio Plan establece el reconocimiento y puesta en valor de la función clave de los ayuntamientos y las mancomunidades en una política de proximidad interdepartamental coordinada.

Entre los objetivos de estas ayudas convocadas por primera vez, la directora general ha destacado la idea de sensibilizar a todas las administraciones públicas, a todos los actores de la sociedad civil y a toda la ciudadanía en general «sobre la situación de desigualdad y riesgo de exclusión de una parte importante de la sociedad y de la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas orientadas a su erradicación».

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