La Igualdad como valor superior

El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se consagran en nuestra Constitución en los artículos 14 y 9.2, esenciales para construir una sociedad justa, social y económicamente desarrollada, cohesionada y libre, que vienen a concretar la consideración de la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

En España, desde la aprobación de la Constitución, se han dado pasos en este ámbito mediante la adopción de disposiciones dirigidas a eliminar todo trato discriminatorio y a promover la igualdad de oportunidades. No obstante, las estadísticas siguen mostrando que todavía persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres. Es evidente que, en muchos ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres.

A día de hoy no se ofrecen las mismas oportunidades a mujeres y hombres en ámbitos como el laboral: las mujeres siguen estando empleadas mayoritariamente en algunos de los sectores laborales peor retribuidos y están infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad; por otra parte, la maternidad afecta a las tasas de empleo femenino, y persisten disparidades en cuanto a la dedicación a las tareas de cuidado y del hogar que dificultan sus posibilidades de conciliar la vida personal, laboral y familiar, lo que las sitúa en desventaja a la hora de desarrollar su opción de carrera profesional. Todo ello contribuye a que, al final de su vida laboral, los ingresos de las mujeres sean más bajos que los de los hombres.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral, su permanencia en el empleo y sus condiciones de trabajo están lejos de darse en condiciones de igualdad con respecto a las de los hombres. En este contexto, es una prioridad impulsar la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

España ha sido el país de Europa donde más han crecido las desigualdades en esta etapa de crisis. De hecho, desde 2008 la brecha salarial no ha dejado de crecer y, en nuestro país, significa que, a igualdad de trabajo e igualdad de cualificación, una mujer trabajadora tendría que trabajar 80 días más que un hombre para alcanzar la misma retribución y tendría que cotizar 46 años y medio -once años y medio más que un hombre- para alcanzar el 100% de la pensión contributiva.

La brecha salarial no sólo es una realidad en los salarios inferiores, sino que también lo es en los salarios superiores; de hecho, en algunos sectores aumentan las desigualdades conforme aumenta el nivel salarial entre hombres y mujeres. Por eso, hay que promulgar una Ley para la Igualdad Salarial.

Estas diferencias se agravan aún más en los casos de las mujeres jóvenes y con discapacidad intelectual, que vienen comprobando como la brecha salarial cada vez es mayor con respecto a las trabajadoras sin discapacidad y a los trabajadores con discapacidad de las mismas características.

Las políticas de recortes aplicadas por el Gobierno han provocado un aumento de las desigualdades, la brecha de género y la brecha salarial, y la Reforma Laboral lo que ha hecho ha sido agravar esta situación y que el golpe sobre los servicios fundamentales ha impactado por partida doble en la mujer porque se ha dificultado extraordinariamente la conciliación y, además, son sectores muy feminizados -en educación el 60% de la población laboral es femenina- donde ha caído mucho el empleo y se ha sufrido un deterioro de las condiciones laborales y salariales.

Ante este panorama es necesario diseñar una estrategia global y exigir una acción decidida de los poderes públicos. Además, hay que plantear con la patronal un nuevo modelo de empresa donde la igualdad esté en el corazón de la estructura de la misma.

Es el momento de construir una sociedad justa, social y económicamente desarrollada, cohesionada y libre, en el que la igualdad sea el valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla