El asilo: ¿derecho o utopía?
El derecho de asilo es un derecho internacional que “puede disfrutar cualquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución política o para huir de las condiciones económicas o medioambientales…”, reconocido como derecho básico en el art. 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 13.4 de la Constitución Española.
España y los países de la Unión Europea han firmado convenciones y tratados que les obligan a acoger y brindar asistencia a las personas necesitadas de protección internacional, por tanto, es una obligación de los Estados el cumplimiento de las directivas y reglamentos europeos que protegen a las personas que solicitan asilo y así como la Convención de los Refugiados de 1951, no siendo sólo un acto de voluntad solidaria.
El conflicto bélico por el control de Siria y la complicada situación de Afganistán e Iraq, devastados por la guerra, ha abocado a miles de personas a abandonar sus hogares en situación de inseguridad, emergencia, persecución y hambre, arriesgando sus vidas y la de sus hijos e hijas, apelando a los tratados internacionales como única alternativa para lograr la protección de la comunidad internacional.
La gran mayoría de los refugiados y las refugiadas no tienen medios necesarios para cubrir el coste del viaje a Europa, no solo en términos económicos, sino también de seguridad. Son muchas las personas que han perdido la vida tratando de alcanzar una protección, seguridad y mejores condiciones de vida en Europa, y sin embargo, no todos los que lo consiguen ven garantizada una adecuada protección en los países de acogida.
Las personas que llegan a nuestras fronteras necesitan y merecen que los Estados miembros de la Unión Europea, y en concreto España, tengan la responsabilidad de darles una protección bajo los principios de solidaridad, dignidad e integridad, requiriendo de una respuesta inmediata, eficaz y ágil que garantice los derechos de estas personas, como es el derecho a la vida, la integridad física y la dignidad, y por supuesto, el derecho a la protección que merecen.
Dicha respuesta debe coordinarse de manera urgente, habilitándose mecanismos excepcionales a través de las instituciones, organismos y gobiernos europeos, así como estableciéndose vías de financiación para garantizar la eficacia inmediata de las medidas.
Para UGT Andalucía, más allá de más de 8.000 personas refugiadas que vengan a nuestro país, se debe debatir sobre cuestiones que afectan a la política y a los flujos migratorios, dado que habría que levantar la excepción a las autorizaciones de residencia y permisos de trabajo para las personas refugiadas, puesto que si no crearía una situación discriminatoria con respecto a las personas inmigrantes que se encuentran en nuestro país desde hace años sin posibilidad de regular su situación administrativa.
Desde UGT Andalucía, además de seguir exigiendo unas políticas activas de empleo que resuelvan la alta tasa de desempleo que azota nuestro país, consideramos que los gobiernos deberían poner en marcha un Plan Integral de Acogida e Integración Social para las personas refugiadas que lleguen a nuestro país, que contemplen no solo una solución de habitacional, sino también atención psico-social para atender a sus necesidades por las dificultades vividas en el lugar de origen y/o en el trayecto; asistencia jurídica, tanto para solicitar asilo como en el recorrido establecido hasta el reconocimiento del derecho; activar mecanismos para que puedan aprender español; y el establecimiento de herramientas que permitan acceder al empleo para una adecuada inserción en el mercado laboral, como parte fundamental en este proceso.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
