ONU Mujeres revela una agenda de políticas para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
Bajo el título El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos se presenta en siete ciudades, ONU Mujeres ha lanzado un importante informe en siete lugares distintos de todo el mundo. El estudio recopila formulaciones de políticas económicas y de derechos humanos para exigir cambios de gran alcance a la agenda mundial de políticas con el objetivo de transformar economías y conseguir que los derechos y la igualdad de las mujeres sean una realidad.
El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos. Asimismo, refleja cómo la agenda económica alternativa que describe no sólo crearía sociedades más justas, sino que también generaría nuevos sectores de empleo, por ejemplo, en la economía relacionada con los cuidados.
El informe refleja que millones de mujeres siguen confinadas en trabajos mal remunerados, de poca calidad, sin poder disfrutar siquiera de una asistencia sanitaria básica, ni de acceso a agua limpia o saneamiento decente. A nivel mundial, sólo la mitad de las mujeres forman parte de la población activa, en comparación con las tres cuartas partes en el caso de los hombres. En las regiones en desarrollo, hasta el 95 por ciento del empleo de las mujeres corresponde al sector informal, con trabajos no amparados por la legislación laboral y sin protección social.
Asimismo, la carga del trabajo de cuidado no remunerado sigue recayendo en las mujeres, un trabajo que se ha visto intensificado como consecuencia de políticas de austeridad y recortes. Para construir economías más justas y sostenibles, que sean de utilidad para las mujeres —y los hombres—, hay que empezar a hacer las cosas de forma distinta.
Mediante datos y análisis sólidos y exhaustivos, este informe basado en pruebas formula 10 recomendaciones clave con medidas que pueden adoptar los gobiernos y otras partes para avanzar hacia una economía que sea realmente efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos.
El informe refleja así la visión de una economía mundial aceptable para las mujeres, en la que tengan un acceso igualitario a los recursos productivos y la protección social, una economía que les garantice ingresos suficientes con los que lograr un nivel de vida adecuado. Esta economía respetaría y valoraría el trabajo que realizan las mujeres; eliminaría los estereotipos sobre lo que las mujeres y los hombres pueden y deben hacer; y garantizaría que las mujeres puedan trabajar y vivir sin sufrir violencia ni acoso sexual.
Por medio de estudios de caso y ejemplos concretos de cambios, desde Bolivia a Botswana, el informe insta a lograr un cambio de paradigma en la manera en la que los gobiernos, las instituciones financieras, las empresas y la sociedad civil contemplan la política económica y los derechos humanos, con el propósito de definir una agenda económica alternativa en la que las mujeres y sus derechos desempeñen un papel central.
Las recomendaciones clave del informe subrayan que, con la combinación adecuada de políticas económicas y sociales, los gobiernos pueden generar empleos decentes para las mujeres —y los hombres— y garantizar que el trabajo de cuidado no remunerado que sostiene todas las economías esté reconocido y cuente con apoyos. Los servicios sociales bien diseñados (por ejemplo, servicios de atención y salud) y medidas de protección social (por ejemplo, pensiones) pueden mejorar la seguridad de los ingresos de las mujeres, desde su nacimiento hasta la vejez, y aumentar su capacidad de aprovechar oportunidades económicas y ampliar sus opciones vitales.
Las políticas macroeconómicas pueden y deben respaldar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, creando economías dinámicas y estables, generando empleos decentes y movilizando recursos para financiar servicios públicos esenciales. Los gobiernos deben ir más allá de antiguas métricas de crecimiento como el PIB y la baja inflación, y, en cambio, cuantificar el crecimiento en términos de cumplimiento de los derechos humanos.
Los derechos económicos y sociales de las mujeres —es decir, el derecho a un empleo decente, a la atención sanitaria y a una vida sin violencia ni discriminación— están consagrados en tratados de derechos humanos, tratados que prácticamente todos los gobiernos del mundo han firmado. En última instancia, los gobiernos son responsables de cumplir estos derechos, pero no lo pueden hacer solos. Las instituciones financieras internacionales y el sector privado se encuentran entre los principales actores que dan forma a la economía. Ambos han de someterse a la rendición de cuentas por parte de la sociedad civil y el público a fin de desempeñar el papel que se espera de ellos.
Los cambios propuestos por el informe no sólo lograrán que la economía sea útil para las mujeres, sino que también beneficiarán a la mayoría de hombres para quienes la economía tampoco es efectiva. El informe defiende que el progreso de las mujeres es el progreso de todas y todos.
Este informe se publica en un momento en el que la comunidad internacional se reúne para definir una nueva agenda transformadora a favor del desarrollo sostenible, y aparece 20 años después de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, que estableció una serie de objetivos ambiciosos para promover la igualdad de género.
