La transparencia, una cuestión inaplazable
A lo largo de los últimos años, la ley de transparencia ha cobrado un protagonismo sin precedentes siendo el tema central de numerosas jornadas, uno de los puntos claves de los debates parlamentarios y una cuestión ampliamente demandada por la ciudadanía. Medios de comunicación, legisladores y profesionales se hacían eco de todas las novedades en torno a la materia y, actualmente, siguen haciendo un discreto, que no suficiente, seguimiento del desarrollo práctico de este texto legislativo.
Y no es para menos, ya que es innegable el alcance real de la transparencia. Un requisito primordial para la constitución de un sistema democrático estable y el desarrollo de una gestión pública adecuada. Además, fomenta el desarrollo de una ciudadanía participativa que analiza, desde un punto de vista crítico, el funcionamiento de los poderes públicos, así como la gestión que llevan a cabo las autoridades. Tanto es así, que los países pioneros en regular el derecho de acceso a la información pública coinciden con ser los más desarrollados desde un punto de vista democrático.
Si ahondamos en las raíces de la transparencia, el primer antecedente de control democrático del poder lo encontramos en Suecia donde Anders Chydenius, un filósofo ilustrado, promulgó con éxito la primera ley de transparencia de la historia, incorporada dentro de la Ley de Libertad de Prensa, y adoptada aquel año por el Riksdag, la asamblea legislativa de dicho país. Todo ello ocurrió en el año 1766.
Dos siglos y medio hemos tenido que esperar en España para contar con una regulación en la materia. La cuestión no podía aplazarse por más tiempo. No debemos obviar que, a lo largo de los últimos años, España había sido objeto de múltiples críticas por ser uno de los últimos países de la Unión Europea en promulgar una ley de transparencia, ya que tan sólo Chipre, Luxemburgo y Malta formaban parte de ese “exquisito” grupo. Y es que, a pesar del impulso previo de múltiples organizaciones no gubernamentales y la presión del cuarto poder, la puesta en marcha de las leyes de transparencia y el acceso a la información pública ha estado ligada en la mayoría de los casos a momentos de crisis de legitimación democrática o debilidad gubernamental. Una dinámica que hemos presenciado en el caso de España, en el que la creciente generalización de casos de corrupción dio el impulso definitivo para la difusión de la ley estatal y la posterior aprobación de normativas autonómicas.
Desde hacía tiempo, los partidos políticos que se habían alternado el poder se habían comprometido, en múltiples ocasiones, a aprobar una ley de transparencia y acceso a la información pública, pero, a pesar de este compromiso, esta materia no terminaba de regularse. Finalmente, fue en 2011, cuando en un clima caracterizado por la desconfianza ciudadana se impulsó que en las elecciones a la X Legislatura los programas electorales de las principales fuerzas políticas incluyeran la aprobación de una ley de transparencia. Y en marzo de 2012, el Partido Popular aprobó el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una normativa que ha contado con más detractores que seguidores.
Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ha habido una oleada de leyes autonómicas. Un ejemplo de esta dinámica es la Ley de Transparencia de Andalucía, que ha marcado un antes y un después tanto fuera como dentro de nuestra Comunidad, pues ha sido considerada por muchos expertos como la normativa más evolucionada en materia de transparencia. Ya tendré tiempo de hablar sobre ella en un futuro Brainstorming.
En definitiva, una ley de transparencia es una normativa jurídica imprescindible en pleno siglo XXI. Tal y como señala el profesional de derecho administrativo Emilio Guichot, uno de los mayores expertos en la materia, “es la ley más importante que puede aprobarse para lograr la mejor gestión, una mayor participación y, por ende, un menor grado de corrupción”.
María Cano Rico
Periodista
