La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, mucho ruido y pocas nueces…

Tras casi un año de tramitación y un número importante de inconvenientes, el pasado 24 de octubre, por fin, vio la luz la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Este largo periodo de tramitación, que bien podría parecer que haya servido para hacer una buena norma, una verdadera reforma que afrontase y solucionase los verdaderos problemas del colectivo al que represento, se ha dejado muchas cosas por el camino.

No es desde luego la reforma que necesitamos y, mucho menos, la que deseamos. Y lo hemos intentado. Nuestra organización nacional presentó una treintena de enmiendas para mejorar el texto y aportar soluciones a los autónomos y autónomas de este país. Pero la mayoría han caído en saco roto y lo que pretendía ser un revulsivo se ha quedado en bastante poco. Para no ser injustos, tenemos que reconocer que esta norma contiene aspectos plausibles, desde luego, y de cierto calado entre nuestro colectivo como la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a 12 meses; la rebaja de la carencia para poder beneficiarse de la tarifa plana, pasando a dos años; la mejora en la bonificación de cuota para autónomos en situación de cuidado de menores o dependientes; la posibilidad de cobro de pensión continuando con la actividad; la modificación de recargos por pagos fuera de fecha a la Seguridad Social o el reconocimiento del accidente initinere; la posibilidad de contratación de los hijos discapacitados del autónomo; el cambio de base de cotización cuatro veces al año; o la modificación de la posibilidad de obtener formación específica y relacionada con la actividad, aunque hay que decir que la mayoría de estas medidas ya existían y pocas son las novedades. Esta es la realidad, ¡que no nos confundan!

Por ello, a nuestro juicio, no son suficientes e incluso se presentan algunas cuestiones bastante engorrosas y de difícil aplicación. Por ejemplo, las deducciones fiscales que introduce. Lo que se había publicitado como un avance para todos aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos que tienen como domicilio social su vivienda, ya que se aclararía y facilitaría los porcentajes deducibles por gastos de sumisitos, se presenta como un galimatías que parece mucho y se queda en casi nada. “En el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total” supone que, salvo excepciones, el eventual beneficio fiscal se reduzca a un 9% en la mayoría de los casos. Es decir, que a partir del 1 de enero, no solo no mejoran las deducciones, sino que empeoran.

Y la norma no afronta la verdadera reforma que necesitamos y deja pendiente los grandes retos que tenemos que afrontar, y con urgencia, como la cotización al RETA por tramos sobre los ingresos netos y el establecimiento de un mínimo exento. Queda por mejorar conseguir que las pensiones de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia no sean catalogadas como pensiones pobres, con apenas 700 euros de cuantía media, o la innegable situación por la que está atravesando la situación económica de las cuentas públicas de la Seguridad Social y de su pervivencia en el tiempo.

La Ley, al menos, ha previsto la creación de una subcomisión en el Congreso que afronte estas cuestiones y da un plazo de seis meses para poder diseñar la modernización del RETA. Hemos comparecido y lucharemos para que se adopten decisiones valientes y de largo recorrido y no continuar con remiendos que únicamente calman la preocupación del colectivo a corto plazo. Pedimos a los partidos políticos que asuman la responsabilidad que tienen con los autónomos y con nuestro sistema de protección social; que exista un compromiso firme que permita remediar las grandes contradicciones de nuestro sistema contributivo. Tenemos que conseguir un sistema justo que permita cotizar en tramos dependientes de los ingresos del autónomo. Además, tendrá que ser un sistema perdurable en el tiempo, sostenible económicamente, que aúne la universalidad del mismo y que permita introducir a las economías más castigadas.

Inés Mazuela Rosado

Secretaria General de UPTA-A

@InesMazuelaRo

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