Derecho a la cultura
La presentación del futuro CaixaForum de Sevilla me ha hecho reflexionar sobre el concepto de la cultura y el papel que sector privado, público y administraciones debemos jugar. La Constitución Española recoge en su Art.44 el Acceso a la Cultura como un derecho de todos los ciudadanos que debe ser promovido y tutelado por los poderes públicos. Durante un amplio período de tiempo hablar de gestión cultural suponía hablar en exclusiva de la iniciativa de las Administraciones públicas, una actividad basada en la protección de la cultura propia respecto del exterior y en la promoción de la cultura propia en el interior y exterior del país. Mientras la cultura se colaba en los discursos públicos para justificar su intervención en el sector, como la manera de garantizar la libertad, el pluralismo y el progreso cultural, aumentaba el número de empresas que basaban su actividad en el desarrollo, la producción, la distribución y comercialización de bienes y servicios que tenían como base una creación cultural.
Aunque ese número de empresas continúa creciendo, no es un secreto que existe una cierta dependencia de la Administración pública para mantenerse y es ahí donde quizá debiéramos preguntarnos qué papel juega el público para garantizar la viabilidad de la gestión privada de la cultura. Hace unos días, realicé un curso interesantísimo sobre Derecho y Gestión Cultural. En el transcurso de una de las jornadas surgió una pregunta: ¿por qué no se pagan 50 euros para ver un concierto de música antigua y sí por comprar unos botines de marca o ir a un estadio de fútbol?
A mi juicio, el problema está en la errónea concepción que tenemos del Derecho a la cultura. Tener derecho a la cultura no es tener derecho a entrar en todos los espectáculos y espacios culturales sin pagar, sino disponer de la oportunidad de conocer sus diferentes formas y expresiones, para poder seleccionar y disfrutar de aquellas que más nos atraigan, -algo que, no lo olvidemos, muchos no pueden ni soñar-. Desde luego, es obligación del Estado garantizar el acceso a la cultura y ello debe traducirse en la promoción y financiación de parte de las actividades, pero también el sector privado tiene mucho margen para contribuir de una manera necesaria. Sin embargo, para su existencia y mantenimiento -el de las pequeñas empresas culturales, me refiero-, considero fundamental que los ciudadanos asumamos alguna parte del costo de ese conocimiento que recibimos, porque su supervivencia no puede basarse exclusivamente en la subvención pública. Y es que conviene hacer una distinción. De una parte está la oferta cultural del inmenso patrimonio que pertenece o está participado por el Estado (compuesto por monumentos, museos y bienes en cuya conservación el erario público contribuye), respecto al cual es justo reclamar su gratitud (caso del modelo anglosajón). De otra, existe un sinfín de actividades culturales en las que la iniciativa privada es imprescindible -producciones teatrales o musicales, por ejemplo-; y finalmente otras cuyo sostenimiento supone un altísimo costo para el Estado -caso de las grandes orquestas de música clásica, por ejemplo. En estos dos casos la contribución del espectador no sólo es necesaria sino, cuanto menos, justa, o al menos así lo entiendo yo.
A mi modo de ver, buena parte del problema radica en la escasa importancia que algunas personas otorgan a la cultura, a la que no reconocen como parte esencial de su propia existencia. Tal vez, cuando a partir de 2015, podamos acceder a las exposiciones, conciertos, conferencias o cualquier otra actividad cultural que se celebren en Caixaforum Sevilla sin tener que pagar, terminemos de comprender -por aquello de la costumbre- que disfrutar de las diversas formas de la cultura es tan sencillo y necesario como respirar, y que también por ello merece la pena pagar.
