Andalucía destina 542 millones para medidas de fomento de la calidad en el empleo
Acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz con la CEA, UGT-A y CCOO-A
La Junta de Andalucía destinará hasta 2019 más de 542 millones para medidas que fomenten una mejora sustancial de las condiciones de trabajo en Andalucía, tal como recoge el acuerdo firmado con sindicatos y empresarios tras las reuniones celebradas en la Mesa por la calidad y la estabilidad en el empleo, fruto de un proceso de diálogo social que se inició en junio de 2017.
El acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y por los sindicatos UGT-A y CCOO-A, recoge el compromiso de destinar esta financiación a medidas para reducir el desempleo, luchar contra la precariedad y proteger los derechos de los trabajadores.
Los once compromisos firmes que componen el acuerdo incluyen medidas que van desde un refuerzo y adecuación de las políticas activas de empleo; actuaciones y ayudas concretas para reducir el paro y fomentar la estabilidad en los contratos; programas de mejora de la salud laboral o la defensa de un nuevo modelo formativo, entre otras.
Se trata de once puntos a los que se ha llegado gracias a las conclusiones de los trabajos desarrollados en el marco de la Mesa por la calidad y la estabilidad en el empleo, que ha estado articulada en torno a cuatro mesas técnicas: Relaciones laborales y seguridad y salud laboral, Políticas activas de empleo, Formación Profesional para el Empleo, y Apoyo a la negociación colectiva.
Entre las principales medidas que se desarrollarán en el marco de este acuerdo, el bloque con mayor aportación presupuestaria, con 339 millones de euros, es el dedicado a la Aprobación y el impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad. En él se puesta por medidas que favorezcan la reducción del desempleo y por incentivos económicos a la contratación estable. En este apartado se recoge también el compromiso de desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos; de prácticas no laborales. También la activación de incentivos económicos a la contratación estable e incentivos empresariales para favorecer la inserción laboral de los jóvenes, como el Bono Empleo.
El segundo capítulo con mayor dotación presupuestaria, más de 159 millones de euros, es el destinado a la Adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral. En este punto se apuesta por la recualificación de los trabajadores en los sectores más afectados por la crisis; por el desarrollo de prácticas profesionales; así como por planes integrales de formación e inserción en colaboración con las principales organizaciones empresariales de carácter sectorial.
Otras de las medidas que recoge este bloque son la adaptación de los servicios de orientación profesional; programas para parados de larga duración; el refuerzo del asesoramiento al trabajo autónomo y a la economía social o medidas de fomento del empleo para demandantes con algún tipo de discapacidad.
En este apartado, además, figura el compromiso de los agentes sociales y la Junta de reclamar al Gobierno central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo, que perjudican a las personas que residen en territorios con mayor tasa de paro y mayores dificultades de inserción.
Otro eje importante del acuerdo, dotado con 35 millones de euros, es la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo adaptado a las demandas del tejido productivo y a los procesos de digitalización de la economía. Con este objetivo, se pondrá en marcha previamente un sistema de detección de las necesidades formativas y se instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional para el Empleo. Asimismo, se fortalecerá el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se ejecutará un Sistema de evaluación de las políticas activas de empleo.
El acuerdo incluye igualmente un cuarto bloque que contempla el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021), con 1,13 millones de euros de presupuesto. Con esta actuación se busca reactivar la negociación colectiva; facilitar la formación especializada de los negociadores; así como fomentar la incorporación de la mujer a los procesos negociadores, entre otros objetivos.
También se ha acordado exigir al Gobierno central el refuerzo de los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente, y constituyendo unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas, como instrumento necesario para la lucha contra la siniestralidad.
En el marco de este acuerdo, se incluye igualmente el compromiso de la Junta de Andalucía para desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, que cuenta con una inversión de unos 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral. También se destinarán 600.000 euros a la puesta en marcha con una periodicidad anual de una campaña de sensibilización en seguridad y salud laboral.
Y, por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
