Andalucía aprueba la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento
Impulsará la internacionalización y tamaño de las empresas
El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, una norma que reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios al crear un negocio y que, entre otros objetivos, pretende impulsar la internacionalización y la innovación del tejido productivo y aumentar el tamaño de las empresas.
La norma, cuya tramitación parlamentaria se inició en mayo del pasado año, ha sido aprobada por la Cámara autonómica con un alto consenso, tras un periodo de análisis y diálogo de los grupos parlamentarios.
El objetivo de la norma es fomentar el emprendimiento en Andalucía desde la igualdad de oportunidades, reconocer la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional e impulsar el emprendimiento de segunda oportunidad.
En este sentido, garantiza el derecho de la persona a emprender en igualdad de oportunidades; une el sistema del conocimiento con el de emprendimiento; fomenta el reconocimiento social de la persona emprendedora; impulsa y reconoce el emprendimiento rural y el femenino; garantiza la eliminación de impedimentos que limiten la iniciativa emprendedora, y fomenta la inclusión de cláusulas sociales.
El citado Sistema Andaluz para Emprender desempeñará la función de acompañamiento a las personas emprendedoras y que agrupará las actuaciones que desarrollan los agentes relacionados con el emprendimiento para facilitar la creación de una empresa y el inicio de actividad económica. De este modo, enmarcará la labor que viene desarrollando Andalucía Emprende, que cuenta con más de 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) en todo el territorio, la red pública de apoyo, asesoramiento, formación y tutorización a emprendedores más amplia de España y con mayor capacidad de alojamiento de empresas.
Junto a ello, el Sistema Andaluz para Emprender buscará la participación de los parques científicos y tecnológicos, comunidades de emprendedores, inversores, grandes empresas, entidades públicas y universidades, así como de agentes económicos y sociales, la asociación de municipios y provincias, y con entidades y organizaciones del ámbito de la economía social y del trabajo autónomo.
La norma garantiza la prestación de una cartera de 15 servicios a cualquier persona emprendedora que quiera poner en marcha una idea, ofreciéndole asesoramiento, formación y acompañamiento para que su proyecto empresarial se consolide, crezca y genere nuevos empleos de calidad.
Entre estos servicios se encuentra el de consultas, evaluación de propuestas, plan de empresa, consultoría-formación, tutorización de proyectos, incubadora, asesoramiento financiero, nuevas oportunidades para emprender, iniciativas de emprendimiento colectivo y de economía social, asesoramiento a emprendedoras y empresarias o en el ámbito juvenil (para menores de 35 años), iniciativas innovadoras de alto valor social y potencial de crecimiento y de emprendimiento desde la intercooperación.
También se ofrece el servicio de acceso a la innovación tecnológica, para establecer canales de comunicación entre la investigación y la innovación que se desarrolla en el sistema I+D+i de Andalucía y los emprendedores.
Junto a esta carta de servicios, la Ley recoge otros instrumentos complementarios de apoyo en ámbitos como el acceso a la financiación, a la cooperación y concentración empresarial y ayudas directas complementarias al inicio de actividad y segunda oportunidad.
Dentro de este apoyo al acceso a la financiación, se tendrá especial atención a proyectos tecnológicos innovadores, creativos innovadores, iniciativas empresariales derivadas de proyectos de investigación, proyectos con alta capacidad exportadora o de cooperación, emprendedores de segunda oportunidad, iniciativas de mujeres y jóvenes menores de 30 años o mayores de 45 e iniciativas emprendedoras propuestas por personas con discapacidad.
Simplificación de trámites
Por otra parte, la norma aprobada recoge que el Gobierno andaluz aprobará un plan de mejora de la regulación, que determinará los procedimientos en los que se pueda aplicar la declaración responsable o el silencio administrativo positivo; así como los procedimientos de tramitación de ayudas e incentivos a los autónomos.
Del mismo modo, la Consejería de Economía y Conocimiento, en colaboración con las consejerías competentes en materia de formación profesional reglada y formación profesional para el empleo, las universidades y las organizaciones más representativas tanto del trabajo autónomo como de carácter empresarial y sindical, definirá los programas y contenidos de un Programa Andaluz de Formación para Emprender, teniendo en cuenta las necesidades formativas detectadas.
Para desarrollar esta Ley, el Gobierno andaluz elaborará un Plan General de Emprendimiento, instrumento de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que se desarrollen en esta materia.
