Sobre la 'Ley Mordaza'

En poco más de un mes verá la luz la nueva Ley de Seguridad CCarmen Castilla Álvareziudadana. Durante su tramitación, el texto tan solo ha sufrido “algunos cambios” con respecto al borrador original.

La nueva Ley contempla al menos cuarenta y cuatro razones por las que un ciudadano o una ciudadana podrá ser sancionado, con multas que van desde los 100 euros en el caso de que sean leves, hasta los 600.000 euros en el caso de las graves.

Quizás sea una de las leyes más controvertidas de esta legislatura, por cuanto incide de un modo escasamente garantista en un buen número de derechos y libertades. Es cierto que se ajusta a nuestra Constitución, pero no es menos cierto que se generan muchas dudas con respecto a su “constitucionalidad”.

Aún no lo tengo claro. A día de hoy, no creo que el Tribunal Constitucional la descalifique globalmente, imagino que procurará hacer una interpretación conforme a la Ley fundamental, buscando la manera más respetuosa para con ella (Constitución), como ya ocurriera con la Ley Corcuera del año 1992, conocida en su día “Ley de la patada en la puerta”.

Esta ley, para mí, responde a una concepción conservadora de la seguridad pública y creo que es muy cuestionable. Responde a una opción de política legislativa que, en ponderación entre libertad y seguridad, se inclina claramente a favor del orden público y de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el mantenimiento de la seguridad.

Para nuestra organización esta Ley, tras analizarla detenidamente, está plagada de conceptos jurídicos indeterminados, por lo que llevada a su aplicación puede derivar en una gran arbitrariedad. Por ello mismo, lo que sería deseable es que tanto los agentes de la autoridad como los jueces y los tribunales, rechazaran interpretaciones contrarias o desfavorables al ejercicio de los derechos fundamentales.

Situaciones antes contempladas por el Derecho Penal pasan ahora a ser sancionadas por el Derecho Administrativo. Además, se sancionan conductas que difícilmente comprometen la seguridad ciudadana, como por ejemplo la negligencia de no llevar encima el DNI o conductas muy ambiguas como la participación en actos públicos, o el derecho de reunión o manifestación.

Además, la ley contempla como infracciones administrativas comportamientos que antes eran penales con las siguientes variaciones: la sanción la impone la Administración, no el juez, siendo base suficiente la denuncia o el atestado de los agentes. Además, para la revisión judicial de la sanción hay que pagar unas tasas, que no existen en Derecho Penal. Y otra modificación es que la sanción administrativa firme se inscribe en el registro central de infractores, esto tampoco sucede en la sanción penal.

Todo es agravado por las enormes dificultades para recurrir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa y el incremento de las cuantías de las sanciones.

Por todo ello, espero que en un futuro no lejano se pueda derogar o modificar sustancialmente la “nueva Ley”. Es lo mejor, que con toda seguridad, se pueda decir de ella.

No puedo dejar de hacer mención a la interpretación que la Ley de Extranjería ha hecho para amparar la devolución sumaria a Marruecos de los inmigrantes interceptados cuando tratan de llegar a España en las vallas de Ceuta y Melilla. El Gobierno lo llama “rechazo en frontera’. Poco más hay que decir.

Aún así espero y deseo que esta Ley no nos inhiba de seguir luchando por nuestros derechos y libertades, derechos fundamentales contemplados en nuestra Carta Magna. Seguiremos protestando, alzando la voz para denunciar los abusos patronales o gubernamentales y continuaremos peleando nuestros derechos en la calle. Lo haremos como siempre hemos hecho, pacíficamente. La Ley Mordaza no nos frenará la protesta en la calle, no podrá amordazar a todo un pueblo.

 

Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla

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