“Agentes de peso del cambio hacia una agricultura más sostenible y ecológica”

En el medio rural nos encontramos con muchas desigualdades todavía, pues si tenemos en cuenta que el 82% de las mujeres rurales españolas trabajan en explotaciones agrarias y que solo el 22% son jefas de explotaciones, encontramos con un amplio espectro de mujeres que o son asalariadas o son “familiar colaborador”. Y la ansiada ley de Titularidad Compartida no ha servido para cambiar esta situación.

Muchas de ellas tienen condicionada su alta en la seguridad social a la viabilidad y rentabilidad económica de la explotación familiar agraria, teniendo en cuenta que el alta del titular no se cuestiona. Así, siete de cada diez personas empleadas como “ayuda familiar” son mujeres cónyuges, es decir, trabajan con el marido, lo que pone en evidencia su dependencia económica. Dos terceras partes de las mujeres rurales no cotizan a la Seguridad Social, según un Estudio elaborado por el Ministerio de Igualdad en ocho comunidades autónomas.

Añadiendo a esta realidad la gran temporalidad del trabajo en el campo y en la agroindustria (el 70% de las explotaciones agrarias en España trabajan en agricultura a tiempo parcial) hemos de concluir que los ingresos económicos de las mujeres del medio rural son inferiores a los de sus compañeros.

Por eso, uno de los principales objetivos de una Federación de asociaciones de mujeres del medio rural como CERES Andalucía es mejorar la independencia económica de estas mujeres.

Entre las mejoras, cabe destacar que la mujer rural está siendo la encargada de abanderar el cambio en la sociedad y en la realidad económica y política. La entrada a esta nueva sociedad rural se está haciendo por la vía de la independencia económica de muchas de ellas o, lo que es lo mismo, contar con ingresos propios. Aparte, somos las mujeres las que fijamos la población al territorio, evitando la despoblación del medio rural: gracias a nosotras tenemos un medio rural vivo.

El cambio climático tiene una repercusión particular sobre las mujeres rurales por varias razones, como el acceso desigual a los recursos, la educación, los derechos de propiedad de la tierra y las convenciones sociales y culturales. Por ello, las mujeres rurales también son agentes de peso del cambio hacia una agricultura más sostenible y ecológica, y pueden desempeñar una función importante en la creación de empleos verdes. Así, en Andalucía, las mujeres titulares de fincas dedicadas a la producción agrícola ecológica superan el 31% (en las convencionales es del 29,9%).

Las mujeres representan el 30% de la titularidad de las explotaciones, aunque apenas el 22% son jefas de explotación, representando en torno al 14% de las tierras. En definitiva, aunque las mujeres acceden a la titularidad de las explotaciones, no ejercen la jefatura de las mismas, cediéndola a sus maridos o hijos, o bien contratando a alguna persona para que ejerza como tal. Aquí es donde tenemos que seguir trabajando a través del empoderamiento y formación.

Se observa un importante proceso de feminización ligado a los procesos de transformación artesanal y comercialización en circuito corto, que ha crecido mucho en Andalucía, vinculado al crecimiento del consumo social y el pequeño comercio con línea ecológica. Por otra parte, la viabilidad económica de estas explotaciones está logrando sinergias al combinarse con otras actividades económicas como el agroturismo y la educación ambiental.

Además, podemos destacar que no ha empeorado, pero sigue siendo un proceso lento y complicado el acceso a la propiedad de las tierras (titularidad compartida). Aunque desde 2011 está en vigor la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias (una histórica reivindicación de CERES, para que agricultoras y ganaderas obtengan el reconocimiento jurídico, social y económico del papel que siempre han desempeñado), hay que destacar que, aún habiéndose activado el Registro de Titularidad Compartida, en Andalucía todavía no hay ninguna inscripción. Se trata de un medio para que las mujeres emprendan y sean autónomas e independientes económicamente en el medio rural, y quizás no está teniendo el éxito esperado por el coste que acarrea a la unidad familiar, por eso proponemos una especie de sello familiar con bonificación de cuota.

Otro punto negro es la violencia sobre las mujeres, que se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Desde COAG, planteamos una serie de propuestas para mejorar la situación de la mujer en el medio rural como la introducción de la perspectiva de género en todos los aspectos, teniendo en cuenta la visibilización especial de las condiciones de las mujeres.

Por otra parte, si bien se propone “una  PAC más inteligente, moderna y sostenible, donde se mantenga la orientación comercial y apoyo al modelo de explotación agrícola familiar”, es necesario que se aluda al importante papel de la mano de obra femenina en ella y la necesidad de que todos los Estados miembro incorporen legislación que contemple las diversas actividades que realizan las mujeres y la compatibilización de varios miembros de la familia con derechos jurídicos, sociales y económicos trabajando en esas actividades dentro de la misma explotación. Exigimos que en la dimensión de una PAC con sostenibilidad económica, medioambiental y social se tenga en cuenta la dimensión social de la perspectiva de género.

Además, en el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales se habla del éxodo de personas jóvenes y no se alude en ningún momento al problema de la masculinización, que también está siendo una de las claves para el despoblamiento. Si bien la PAC es clave para el fortalecimiento del empleo, todas las estrategias deberán llevar su consabido informe de impacto de género por las dificultades de las mujeres para el mismo.

En cuanto a la necesidad de atraer nuevas agricultoras y ganaderas, consideramos fundamental la estructuración de todas las medidas necesarias para promover el relevo generacional y el traspaso de explotaciones de personas mayores hacia la juventud, pero en la estrategia de atracción también se deben tener en cuenta medidas para promover la entrada en la profesión agraria a mujeres más allá de las edades jóvenes, que podrían encontrar justicia social y derechos económicos en el campo desempeñando una profesión en condiciones dignas. La PAC debe ser el instrumento que vertebre una agricultura y ganadería modernas y diversas, y no una estructura económica que perpetúe modelos patriarcales.

Además, es fundamental la reconducción de las ayudas enfocadas al modelo de explotación donde se encuentran las mujeres, para así alcanzar un modelo mucho más solidario con todos los eslabones de la cadena productiva. El modelo neoliberal no ha sido viable nada más que para un pequeño porcentaje de los implicados en el sector.

Finalmente, y en relación con la prevención de riesgos laborales, es necesario tener en cuenta los distintos rasgos psicológicos y físicos de mujeres y hombres, con especial atención sobre las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Es necesario tener en cuenta los diferentes factores de efecto preventivo y medicinal que protegen la salud de las mujeres en el ámbito agrario: un mayor apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es una condición indispensable para la igualdad de género y el empoderamiento.

Inmaculada Idáñez

Responsable del Área de la Mujer de COAG

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