Tres años de mayoría absoluta del PP: tres años de despropósitos
Sin duda, el 20 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de la historia de efemérides de este país. Allá por el 75, del siglo pasado, significó la muerte del dictador, el inicio del fin del ilegal régimen militar, instaurado mediante la fuerza de las armas, y el principio de un prolongado periodo de libertades y de luchas y conquistas sociales y sindicales. Desgraciadamente, el del 2011 se ha traducido en el mayor de los pasos atrás y en el comienzo de un nuevo régimen ilegítimo de la más reaccionaria de la derecha española, puesto que la llegada al poder se obtiene a partir de la presentación de un programa electoral plenamente incumplido. Muchos eran los que, absurdamente, creían que el señor Rajoy asaltaría La Moncloa con un poder divino capaz de, por obra y milagros del PP, solucionar la mayor parte de los problemas estructurales a los que se enfrentaba la economía española y, en el más breve de los periodos de tiempo, lograr reactivar la economía y sacarnos de la crisis. Tras sus primeros meses de Gobierno y ante la total ineficacia de sus primeras medidas, el cacareado discurso de la pronta recuperación de la economía, vía confianza en el nuevo Ejecutivo, cambió hacia otro en el que la famosa “herencia recibida” pasó a protagonizar la mayor parte de las intervenciones públicas de nuestros ministros y el recurso fácil con el que justificar todos y cada uno de los innumerables incumplimientos electorales del Gobierno. Pero, ¿qué ocurriría si plasmáramos en cifras tres años de neoliberales reformas?, la respuesta es relativamente sencilla: que todas y cada una de las mentiras del PP saldrían a la luz. Embustes como que la Reforma Laboral iba a crear empleo, que la salida de la crisis sería un hecho constatable, que iban a terminar con los desahucios, incrementar las becas o bajar los impuestos quedan claramente constatados al analizar, brevemente, la evolución, durante los tres últimos años, de algunas de las principales magnitudes y variables socioeconómicas y laborales.
La derecha y sus doctrinas neoliberales nunca han creído ni en el intervencionismo público ni en la necesidad de contar con un Estado fuerte. Por ello, al menos en teoría, su propuesta electoral de bajar los impuestos resultaba, desde el punto de vista teórico, la más sencilla de cumplir. Dijeron que iban a bajar los impuestos y, realmente, los han bajado, pero solo a “sus amigos”. Medidas como la amnistía fiscal o la programada reducción del IRPF para el próximo año electoral van a contribuir a hacer que los que más tienen paguen menos y a reducir el nivel de progresividad de nuestro sistema tributario. Por el contrario, los trabajadores, las olvidadas clases medias y bajas de este país, han visto como la carga fiscal que soportan nuestras nóminas ha pasado del 32,2% al 40,7%. Es decir, un desproporcionado incremento de 8,5 puntos en el mismo periodo de tiempo en el que a los millonarios defraudadores se les ha puesto una alfombra roja para que regularicen sus helvéticas cuentas bancarias.
De igual forma queda demostrada la ineficacia de las austeras políticas de recortes y de control del gasto público. No solo no han contribuido a reactivar la economía sino que, por el contrario, se han traducido en nuevos periodos de recesión y de paralización económica. El neoliberalismo dictatorial del PP se ha traducido, en Andalucía, en una caía del PIB regional, incluso a precios corrientes, de 3.441 millones de euros durante los tres últimos años, pasando de los 145.420,56 Millones de euros del PIB andaluz alcanzado en 2011 a los apenas 141.979,63 millones de euros producidos durante los último cuatro trimestres. A su vez, no sólo ha descendido el PIB sino que, la participación de la remuneración de los asalariados en el mismo cada vez es peor. Es decir, no sólo el “pastel” es más pequeño sino que, además, el trozo de tarta que nos dan a la clase trabajadora también es menor. Si en 2011 la retribución de los asalariados se cifró en 17.776 millones de euros, el mismo dato, para el presente año, apenas va a alcanzar los 15.530 millones. De esta forma, los salarios han pasado, durante los años de Gobierno del PP, de representar el 12,22% del PIB andaluz a ser menos del 11%.
La esperpéntica política ultraliberal de Rajoy, únicamente al servicio de los dictados de Bruselas, del FMI, del BCE y de la OCDE ha provocado, incluso, que obsesionado con sus múltiples ayudas a la banca y a las grandes multinacionales españolas, se haya olvidado de nuestras Pimes, de aquellas que realmente son la base de nuestro modelo productivo. De esta forma, las consecuencias de las políticas conservadoras del Gobierno Central, unido a la pasividad del Ejecutivo Regional, ha provocado que durante estos tres últimos años 7.772 de nuestras empresas se hayan visto obligadas a echar el cierre. Si en 2011 existían un total de 480.142 empresas en la actualidad, dicha cuantía únicamente asciende a 472.370. Lógicamente, el cierre de empresas tiene, forzosamente, que traducirse en incrementos del paro. La más cacareada y pomposa de cuantas reformas ha llevado a cabo este Ejecutivo ha sido la Reforma Laboral. Aquella que vendría a crear empleo, a erradicar el paro y a dotar de dignidad nuestros salarios.
Como era de preveer, esto también ha sido mentira. ¿Qué ha ocurrido en el mercado laboral andaluz desde que, allá por noviembre de 2011, el PP obtuviera su mayoría absoluta? Pues que se han destruido 191.200 puestos de trabajo, que los andaluces en situación de desempleo han pasado de 1.227.900 a 1.419.100 y que la tasa de paro se ha incrementado en casi cinco puntos, del 30,69% al 35,21%. No contento con ello, no solo se condena al paro a los trabajadores sino que, al mismo tiempo, se dificulta la situación de los que han logrado mantener sus puestos de trabajo con importantes empeoramientos de sus condiciones generales de trabajo y con drásticas reducciones de salarios. De esta forma, la pérdida media de poder adquisitivo de los trabajadores andaluces, durante el periodo 2011-2014, ha superado ya el 6%. Evidentemente, a diferencia de empresarios, representantes del capital, pudientes y especuladores, los trabajadores andaluces solo contamos con una única fuente de riqueza: la que nos proporciona nuestro trabajo. Por ello, si se nos priva del mismo o se reduce hasta niveles indignos el riesgo de exclusión social de nuestra ciudadanía se incrementa de forma proporcional.
¿Qué ha ocurrido en Andalucía, en este apartado, durante los tres últimos años? Ha ocurrido que el número de hogares en el que todos sus miembros activos están en paro se ha incrementado de 409.000 a 513.000, es decir más de un 25%. Claramente en relación con ello y, a pesar de las insignificantes medidas legales aprobadas en Madrid para paliar este drama social, los desahucios no dejan de incrementarse. De esta forma, desde la llegada al poder del PP, 52.379 familias andaluzas han sido víctimas de una ejecución hipotecaria viéndose, en la mayor parte de los casos, obligadas a abandonar sus hogares.
Pero la derecha española, unida a la inactividad de la Junta, no solo está poniendo en jaque a los trabajadores de hoy sino que, lo que es más preocupante, está hipotecando, de manera desmedida, el futuro de nuestros hijos. Desde su llegada al poder el PP tiene el objetivo claro de polarizar a la sociedad y dividirla, hasta límites insospechados, en ricos y pobres. Una clase pudiente con capacidad para acudir a la sanidad y a la educación privada y para costearse planes particulares de pensiones frente a otros, los trabajadores, que tendremos que conformarnos con una sanidad pública cada día más cercana al cristiano concepto de beneficencia, con una educación pública de segunda y con un sistema asistencial que ni tan siquiera asegura unos niveles dignos de calidad de vida. La reducción del número de alumnos becados en casi 20.000 (257.385 en 2011 frente a 237.498 durante este curso) o las subidas de las pensiones del 0,25% (por debajo del nivel de inflación) son claros ejemplos de esta política hecha por y para los ricos. Frente a este kafkiano y esperpéntico escenario, diseñado y dibujado con astucia por la parte más ultraconservadora del Partido Popular, de la cual Rajoy es un más que digno representante, a nuestro sindicato no nos queda otra que rebelarnos.
UGT Andalucía no se cansa de exigir a nuestros dirigentes un cambio radical en sus políticas. El dramatismo de la situación actual en la que viven muchos de los hogares andaluces convierte en imperante la necesidad de poner en práctica medidas de reactivación de la economía y de creación de empleos dignos. La salida de la crisis debe conseguirse no solo con el esfuerzo de todos sino, lo que es más importante, sin dejarnos a nadie detrás. Hemos demostrado, con cifras, como las políticas neoliberales de recortes, de contención del gasto, de destrucción de “lo público” y de favores fiscales han fracasado profundamente. Es cierto que la mayor parte de ellas han sido puestas en marcha por el Gobierno Central. Además de manera casi ilegal ya que, por no cumplir, no han cumplido ni con su promesa de modificar la Ley del Aborto, aunque de la retirada de ese ultracatólico proyecto nos alegramos enormemente. Por este motivo ellos son los principales culpables. Pero como casi siempre, no podemos cargar las tintas únicamente contra Rajoy y su Gobierno. Aquí, en Andalucía, la Junta de Andalucía está dando magistrales lecciones de inmovilismo. Si a nivel estatal criticamos las medidas emprendidas, a nivel regional tenemos que denunciar la inactividad de nuestros dirigentes. El gobierno de la señora Díaz, aquella que se hace llamar socialista y, por ende, fiel defensora de los trabajadores, no está haciendo nada por paliar esta terrible situación. Nada por crear empleo, nada por evitar los desahucios que se siguen produciendo en nuestros municipios, nada por dotar de progresividad el sistema impositivo en las medidas de sus posibilidades, nada por incrementar las ayudas escolares y al estudio. En definitiva, un gobierno de nada.
Por todo ello, UGT Andalucía continúa fiel al que es nuestro principal objetivo y nuestra única razón de ser, defender los derechos e intereses de los trabajadores. Frente a todo este tsunami contra los trabajadores no nos vamos a cansar de llevar a cabo cuantas movilizaciones sociales y sindicales sean necesarias. No podemos mirar para otro lado mientras que los gobiernos de Rajoy y de Díaz, acaban con los logros sindicales por los que lucharon nuestros abuelos. Por ello, llamamos a la movilización y a la participación en las manifestaciones del pasado 29 de noviembre que, bajo el lema “dignidad y derechos”, llenaron las calles andaluzas de trabajadores hastiados con sus gobiernos y con sus formas de hacer política.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT Andalucía
