Solo el 28% de los directivos financieros cree que el la administración pública aplicará y cumplirá la Ley de Morosidad
La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET), junto a Ernst & Young han celebrado una jornada para contribuir a resolver las dudas surgidas a raíz de la implementación de la Ley de Morosidad 15/2010, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La jornada ha dejado en entredicho la aplicación de la directiva de la ley durante el 2011, que no está siendo positiva porque no incluye mecanismos administrativos de sanción, y ha dejando atrás la Ley de Comercio Minorista.
Los directivos financieros consultados por Asset, afirman que el cumplimiento de la Ley es elevado en el sector privado y de aplicación más lenta y dudosa en el sector público. Aunque los directivos financieros creen que la Ley de Morosidad necesita ajustes, debiendo ser más concreta en muchos aspectos y dar un margen de libertad más amplio entre las partes, tres cuartas partes están ya tomando medidas para aplicarla en su empresa o las tomarán en un plazo breve de tiempo.
Inmaculada Riera, Diputada del Grupo Catalán y que fue ponente de la Ley, afirmo en la CLAUSURA de la Jornada que “está pendiente redactar el reglamento y el régimen sancionador de la Ley pero en este momento no parece haber voluntad política del Gobierno”. La Diputada de CiU también dijo que: “el contexto de crisis en el que se aprueba la Ley es clave para comprender el espíritu del legislador que no era otro que garantizar los pagos en plazos razonables entre empresas, cuestión clave en un momento donde no fluye el crédito”.
Para José María Rojí, socio de Ernst & Young, “la primera actuación que hay que hacer es que la administración cumpla con la ley y la segunda es que la administración la haga cumplir, sin ser el pago de intereses de demora generados, una solución”.
Para Rojí la norma es excesivamente general con poco margen de pacto entre las partes de las operaciones comerciales.
Para Íñigo Sebastián de Erice, de Ernst & Young, durante los próximos años habrá un estancamiento y un posterior encarecimiento del crédito a la vez que una identificación del efecto potencial de la aplicación de la Ley en al liquidez de cada compañía.
Por su parte Josep Badia, presidente de Asset afirmo que, “estamos delante de una buena norma, elaborada en un momento adecuado pero que carece de ajustes para conseguir su estricto cumplimiento. Las empresas echan a faltar más seguridad jurídica, la ley no es suficientemente estricta en cuanto a los plazos de pago. Además, añade Badia, “no existe aún ninguna medida coercitiva o de sanción que obligue al cumplimiento de la norma más allá de la obligatoriedad de pagar los intereses de demora generados”.
