Renta básica para la inclusión: un derecho estatutario y subjetivo
El actual reto para la Unión Europea se centra en la Estrategia UE 2020, que conduce hacia una sociedad más igualitaria y con un crecimiento sostenible a largo plazo, suponiendo un aumento del empleo y una mejora de la inclusión social y la igualdad.
Desde UGT Andalucía consideramos que el procedimiento para alcanzar estos objetivos debe pasar por la inclusión en los sistemas sociales de políticas activas que prevengan el desempleo de larga duración, con una mejora de la calidad del empleo, del diálogo social, de unas adecuadas prestaciones por desempleo y unas políticas destinadas a disminuir el riesgo de pobreza que permitan mercados de trabajo inclusivos.
El mejor instrumento para lograr la inclusión social y luchar contra la pobreza es el empleo ya que, a través de él, conseguimos derechos y deberes en la sociedad, sus carencias conllevan inevitablemente consecuencias más allá de las económicas. Es decir, el empleo constituye la principal fuente de ingresos en el hogar y la posibilidad de que una persona se sitúe por debajo del umbral de la pobreza está estrechamente unida a su situación laboral.
La exclusión social ya no es característica de una persona con un solo factor de riesgo como tradicionalmente ha sido, sino que se ha convertido en un riesgo cierto para muchas personas en una etapa de la vida (pasar a ser desempleada, agotar una prestación, ser beneficiario o beneficiaria de una pensión mínima o pensión no contributiva cuyo importe de prestación es muy reducido) y que sitúa a las personas en una situación precaria.
Somos plenamente conscientes de la situación de necesidad económica y laboral en la que nos encontramos muchos ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, y concretamente, en Andalucía. Consideramos que las medidas puestas en marcha hasta ahora no son las suficientes para combatir esta problemática, que dificultan y hacen imposible el acceder a unas condiciones dignas para vivir cuando no se dispone de los suficientes recursos económicos.
Desde UGT Andalucía ponemos voz a estas demandas y consideramos necesario e importante que exista una regulación de la Renta Básica para la Inclusión en Andalucía, aparejada de una financiación suficiente y estable en el tiempo que la garantice.
Para UGT Andalucía la Renta Básica para la Inclusión en la comunidad debe ser una prestación social de naturaleza económica y mantenida durante el tiempo que perdure la situación de exclusión social, siendo la última red de protección cuando no resulta posible el acceso a otros sistemas de protección.
Su reconocimiento tiene que estar condicionado a la concurrencia de los requisitos y condiciones exigidos, aparejado a un Plan Individualizado de Inclusión que valore la situación de pobreza y/o exclusión de las personas y de las unidades familiares y determine los servicios sociales, de empleo, educativos, sanitarios, de vivienda, etc., que sean necesarios para favorecer su inclusión.
Este Sistema de Renta Básica debe ser universal, igualitario y no discriminatorio y solidario. Es perfectamente asumible por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Andaluza su puesta en marcha por cuanto la cuantía de la prestación lo estableceríamos en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 6.390,13 euros anuales. Una financiación que puede y debe ir menguando en el tiempo a tenor de los resultados del Plan Individualizado de Inclusión.
Ésta es una reivindicación histórica de nuestro sindicato, plasmada desde el año 2005 en nuestras Resoluciones Congresuales del 8º, 9º y 10º Congreso Ordinario.
Es importante y urgente dar una respuesta a la situación de necesidad de este importante número de familias, y esto requiere un acuerdo de todos y cada uno de los agentes sociales implicados en la lucha contra la pobreza y la exclusión y, por supuesto, una apuesta real de las Administraciones Públicas para alcanzar dicho objetivo.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
