Progreso, solidaridad, igualdad y democracia, indispensables para 2016

2015, ha sido un año que ha mantenido la estela de los anteriores en cuanto a materia laboral y social se refiere, ya que la reforma laboral aprobada en 2012, ha continuado marcando el devenir de la economía y el empleo, desequilibrando las relaciones laborales de manera determinante, al aumentar drásticamente los poderes empresariales. Lo que se resume en un mantenimiento de la regresión económica y social.

Nuestro estado de bienestar ha seguido sufriendo un continuo proceso de erosión, por lo que se han aumentado las desigualdades de todo tipo, tanto económicas como sociales, y se han generado situaciones de pobreza relativa que creíamos superadas desde hace décadas.

Desde UGT Andalucía venimos insistiendo en la necesidad de aprender de los errores cometidos y cejar en alimentar un crecimiento desequilibrado, basado en actividades de carácter fuertemente estacional y que generan un empleo muy precario, de baja calidad y con bajos salarios. Y es que no cabe duda alguna de que estamos ante un modelo económico agotado, en el que la ciudadanía no percibe beneficios y que, de no cambiar, nos mantendrá en la senda de la recesión, el paro y la pobreza.

Por tanto, es más que evidente que sólo con un giro radical en la política social y económica de nuestro país, asentado en el diálogo, la participación ciudadana y en la democracia, nos permitirá salir de la situación en la que nos encontramos inmersos.

Para ello, se precisa reforzar la dotación presupuestaria y una correcta asignación y gestión en las inversiones que activen el crecimiento  económico y la preservación y reforzamiento del sistema de protección social y la prestación de servicios públicos de calidad. A este respecto, UGT propone la modificación del artículo 135 de la Constitución Española y el reconocimiento constitucional de un suelo de gasto social que permita el mantenimiento de niveles de protección suficientes en servicios públicos esenciales.

Por otro lado, necesitamos una reforma fiscal integral para conseguir un sistema más potente en términos recaudatorios y más justo, en el que paguen más quienes disponen de más recursos económicos, lo que exige reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Innegable es también la urgencia de la derogación de la reforma laboral que, lejos de crear empleo o paliar la sangría del paro, sólo ha degradado las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y ha contribuido al uso abusivo de los contratos temporales y parciales.

Tampoco podemos obviar la necesidad de que se cumpla el contenido del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y se apueste por la revalorización del SMI para poder recuperar la capacidad adquisitiva perdida en los años de crisis y ayude a la reactivación y a la reducción de la precariedad, la pobreza y las desigualdades.

No menos preciso es un Plan de choque contra la pobreza, que incluya como una de sus piezas esenciales una Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y garantice unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales a las personas, para ello hemos presentado una  Iniciativa Legislativa Popular para promover la introducción de dicha Prestación.

En conclusión, son muchos los retos de cara al próximo año, como es acometer las reformas que precisa nuestro país para entrar en una senda de crecimiento económico más sólido, más justo y sostenible o construir un modelo de relaciones laborales más eficiente y que refuerce los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, un Estado del Bienestar más potente e inclusivo y un sistema democrático más transparente y que garantice las libertades y derechos individuales y colectivos.

Y la única forma de alcanzar estos objetivos es marcando una hoja de ruta para este próximo año que exigirá derogar muchas normas y reformas introducidas (Ley Mordaza, reforma de las pensiones, Reforma Laboral), reponer los derechos arrebatados a la clase trabajadora de nuestro país y al conjunto de la ciudadanía, y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como la manifestación o la huelga.

Carmen Castilla

Secretaria General de UGT-A

@mc_castilla