El Gobierno recoge propuestas de los partidos para una reformulación de la ley de violencia de género
La Ley Integral de Violencia de Género cumple diez años desde su entrada en vigor y lo hace con datos no muy positivos, con 41 asesinadas en este año, 14 a lo largo del verano. Sobre esta base el Gobierno se propone ahora reformar dicha Ley para lo que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, reunía ayer a los grupos parlamentarios en las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado para recabar propuestas para esa reformulación.
Durante la reunión, acordaron seguir mejorando los mecanismos de asistencia y protección a las mujeres y menores víctimas de violencia de género, así como la potenciación de todas las vías de sensibilización, concienciación y participación social, con el objetivo de transmitir a la sociedad el rechazo unánime y rotundo a cualquier forma de maltrato a la mujer. Los representantes de los grupos presentaron a la ministra aquellas propuestas que a su juicio incidirían en un refuerzo del sistema de lucha contra la violencia de género, lo que para el Gobierno supone “un paso más” en la consecución de un acuerdo social en pos de más eficiencia en la lucha contra un problema que en lo que va de año ha costado la vida de 41 mujeres y ha dejado huérfanos a 24 menores.
“Estamos 100% de acuerdo en la detección de los problemas y en lo que hay que reforzar desde todos los ángulos y con la implicación de todas las administraciones y los agentes sociales”, ha recalcado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández para, a continuación, recordar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando en paralelo con el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y con el Observatorio Estatal de Violencia de Género, en el que están representados las comunidades autónomas, los entes locales, los sindicatos, organizaciones de mujeres y entidades sociales.
Porque el objetivo consiste en “la recepción de reflexiones de todos los que intervienen en esta lucha, y así, dar lugar a una reflexión más amplia sobre la aplicación” de la Ley Integral contra la violencia de género y “seguir creando mecanismos” que permitan una mayor eficiencia.
Así, el Gobierno y los grupos han acordado continuar estudiando el fortalecimiento de los mecanismos judiciales para facilitar que las mujeres que denuncian por violencia de género tengan una respuesta integral en la salida de los malos tratos. También se ha producido consenso acerca de proveer a la mujer una respuesta personalizada e integral en la salida del maltrato y sobre establecer medidas para facilitar que las denuncias prosperen en el proceso judicial. Igualmente, la prioridad de dar una atención específica a los menores hijos o hijas de las mujeres que sufren violencia de género ha suscitado el acuerdo del Ministerio y de los grupos, estando todos de acuerdo en que al ser víctimas directas del maltrato se hace necesario evitar su utilización por los maltratadores, darles la máxima protección y facilitar su recuperación integral.
Por su parte, desde el PSOE, la portavoz en el Congreso, Carmen Montón, reclamó ayer a Ana Mato que “consensue las políticas contra la violencia de género, reponga los fondos recortados, revise el sistema, elimine las reformas que dejan la Ley integral en papel mojado, escuche y apruebe las propuestas de la oposición y trabaje sin descanso” para combatir esta lacra. Ante la propuesta de la ministra de un acuerdo social y político para reformar la Ley de 2004, Montón le ha pedido que «deje de mentir», pues la Legislatura se acaba y «no va a tener tiempo suficiente» para cambiar la Ley, y le ha exigido que «no pierda más el tiempo” y “se ponga de una vez a trabajar» en medidas concretas.
