La eurodiputada Rosa Estaràs destaca el avance dado por la UE en la protección de las víctimas con el acuerdo para aprobar la Orden Europea de Protección
La lucha contra la violencia y la protección de las personas que la sufren ha dado esta semana un paso decisivo en Europa con la aprobación en comisión parlamentaria del texto de la directiva que permitirá la puesta en marcha de la Orden Europea de Protección de las víctimas, según ha puesto de manifiesto la eurodiputada del PP Rosa Estaràs, que espera su rápida ratificación definitiva para que los Estados miembros puedan empezar a crear el marco jurídico para aplicar de inmediato una normativa fundamental para garantizar la protección no solo a las víctimas de violencia de género, sino también a personas que sufren otro tipo de actos criminales como acoso, secuestro o intento de asesinato.
La eurodiputada balear considera que el acuerdo para sacar adelante este texto en el que tanto han trabajado la comisión de Justicia y la Comisión de Derechos de la Mujer, de la que forma parte, “supone un paso importantísimo en la definición de un espacio común de justicia y libertad y, sobre todo, supone la consagración de uno de los principios fundamentales en los que se basa la Unión Europea, que es garantizar la seguridad de los débiles y asegurar que en todo el territorio comunitario cualquier persona puede sentirse igual de protegida, a la vez que los malhechores ven reducidos sus espacios de impunidad”.
Esta iniciativa va a permitir que las víctimas puedan recibir en todos los países la misma protección o parecida a la que tienen derecho en su país de origen, “impidiendo así lo que ha ocurrido en tantas ocasiones: que una víctima vuelve a ser vulnerable cuando sale de su Estado para ir a otro”, destaca Estaràs, que considera que esta situación invalidaba totalmente cualquier discurso teórico sobre un espacio común de justicia.
“Ahora, cuando esta orden entre en vigor, va a ser obligatorio que los Estados atiendan a las víctimas de otros lugares en los mismos términos que si estuvieran en su país de origen, y eso va a permitir a las víctimas recibir una asistencia adecuada, independientemente del Estado de la UE en el que se encuentren”, señala la eurodiputada balear, que recuerda que cada gobierno cuenta ahora con tres años para adaptar su normativa interna a la nueva directiva, pero que insiste en la importancia de avanzar cuanto antes y sin dilaciones en la plena protección del as víctimas.
El texto que está pendiente de su votación por el pleno de la Eurocámara deja claro que cualquier persona que tenga protección en su país podrá pedir una Orden Europea de Protección en cualquier otro Estado. Será decisión del país de origen elaborar esa Orden y extenderla al otro país. Solo se aprobará en el caso de que el agresor tenga prohibido en el país de origen acceder a lugares donde la persona protegida reside o visita, o si las restricciones están relacionadas con el contacto o aproximación a la víctima.
Esta directiva solo se aplicará para medidas de protección relacionadas con hechos criminales. No obstante, debido a las diferencias entre los sistemas legales de los diferentes Estados, el país al que se traslada la víctima podría aplicar otro tipo de medidas, siempre que garanticen un nivel similar de protección. También se podrá pedir la Orden Europea de Protección para salvaguardar la integridad de los familiares de una víctima.
