La Cecot cuestiona ante la Comisión Europea las trabas burocráticas que España impone a sus pymes
La ausencia de respuesta del Gobierno sobre las necesarias reformas solicitadas por la Cecot en materia de operaciones vinculadas ha provocado que la patronal formule una pregunta a la Comisión Europea a través del Eurodiputado Ramon Tremosa, sobre si esta tomará alguna decisión para evitar que un Estado Miembro (en este caso el Estado Español) incumpla los criterios sobradamente defendidos de reducción de cargas administrativas para las Microempresas.
Además, la Cecot ha incidido en que esta vulneración se ha hecho en contra de unos criterios ampliamente defendidos por el Tribunal Europeo. El Tribunal de Luxemburgo dictó una sentencia el pasado 21 de enero referida a un caso belga, que reconoce el derecho de los diferentes Estados de la Unión a legislar de manera independiente las operaciones nacionales e internacionales. De esta manera, este Tribunal reconoce que, aun cuando se puede pensar que hay discriminación al tratar de manera diferente las operaciones, esta discriminación es totalmente compatible con el Derecho Comunitario. Para la Cecot, el Gobierno ya no tiene excusas y es hora de que reforme la norma y evite que los autónomos, las pimes y las microempresas se vean gravemente perjudicadas por la obligatoriedad de documentar muchas de las operaciones vinculadas.
Antes de llevar a cabo esta iniciativa, la Cecot envió una carta a la Ministra Elena Salgado solicitando una rectificación en la nueva legislación sobre operaciones vinculadas. En la respuesta, el Gobierno Central se ha amparado, una vez más, en las directrices de la OCDE sobre la obligación que las operaciones vinculadas se realicen a precio de mercado. La Cecot afirma que no se está discutiendo que las operaciones vinculadas hayan de realizarse a un precio de mercado, sino las obligaciones formales que suponen para microempresas y autónomos.
Pero es que además, la Ministra de Economía y Hacienda ha protagonizado el despropósito de afirmar que “tal decisión ha supuesto una simplificación al máximo de estas obligaciones para las empresas de reducida dimensión y para las personas físicas, llegando incluso a no exigir ninguna documentación en el caso de operaciones en las que el riesgo fiscal es reducido”.
Es indudable que esta nueva obligación ahogará económicamente a microempresas y autónomos, y se calcula que el sector gastará 3.800 millones de euros en estos trabajos burocráticos. Además, la patronal considera que el trasfondo del problema es que afectará a las personas físicas (hasta 3er grado de parentesco) y jurídicas y el que no se haya estipulado un mínimo exento. Por esto, propone que, como la mayoría de países europeos, se establezca un límite de 100.000 euros por tipología de operación, por debajo del cual no haga falta cumplir con esta carga documental, a la vez que se solicita que el perímetro de vinculación se limite a las personas jurídicas, excluyendo las personas físicas.
Por último, se considera que el régimen de sanciones es desproporcionado con la realidad económica de la mayoría de autónomos y microempresas, dado que el importe mínimo de las multas es de 33 mil euros por cada operación vinculada no documentada.
