Y de nuevo, elecciones

Las medidas introducidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, Ley 6/2017 de 24 de Octubre, y más recientemente las introducidas en el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de Diciembre, estas últimas tras un largo proceso de debate con las asociaciones de trabajadores autónomos, han representado un buen avance en materia de regulación del trabajo autónomo, después de la aprobación de su Estatuto regulador que proviene del año 2007, y de la Ley que regula la prestación por cese de actividad del año 2010 y que continúa pendiente de una modificación que permita su eficacia protectora.

A pesar de los avances producidos en materia de políticas activas, aunque están centradas prácticamente en exclusiva en la aplicación de las denominadas tarifas planas de cotización a la Seguridad Social para los nuevos autónomos, así como en las cotizaciones y prestaciones sociales, la realidad es que todavía estamos lejos de haber conseguido cerrar el ciclo de una verdadera política eficaz para desarrollar el autoempleo individual, en particular en tres ámbitos:  sistema definitivo de cotización a la Seguridad Social, régimen de aplicación de medidas para la correcta definición de los conceptos deducibles fiscales en el IRPF y política estratégica de fomento público del autoempleo, especialmente dirigido a los más jóvenes y a las mujeres, así como en el ámbito rural.

La realidad es que el abrupto final de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo se llevó consigo todos los avances dirigidos a ofrecer una alternativa definitiva a los antiguos sistemas de cotización y prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social que ya habían sido estudiados por la Subcomisión Parlamentaria para la Reforma del Trabajo Autónomo.

Por otra parte, continúa sin definirse el Plan Estratégico 2020-2030 en materia de Políticas Activas para el desarrollo del trabajo autónomo, que tan solo se encuentra en fase de análisis de los primeros borradores. Así mismo, las normas fiscales incluidas en la Ley 6/2017, que parecían un avance en los objetivos de disminuir la brecha fiscal entre empresas y trabajadores autónomos, finalmente han resultado fracasadas, debido a las restrictivas interpretaciones de la Agencia Tributaria que, en materia de gastos deducibles, ha conseguido limitar aún más los existentes actualmente.

Por estas razones, las propuestas de UPTA no pueden ser más que las que complementan el Plan de Trabajo ya previsto, y escasamente desarrollado, ya que lamentablemente tenemos que volver al punto de partida, pero asumimos con responsabilidad la defensa de los intereses del colectivo al que representamos y no queremos formar parte de la postura derrotista en la que parece ha caído una parte de la sociedad civil. Es muy importante hacer reaccionar a las esferas políticas porque necesitamos consenso para avanzar y conseguir un sistema justo e igualitario.

Inés Mazuela Rosado | Secretaria General de UPTA-A

@InesMazuelaRo

Artículo incluido en el número de noviembre de la revista Agenda de la Empresa