Huelga no es delito

Criminalizar la actividad sindical. Ese parece ser el objetivo de aquellos que, con sus políticas, han aprovechado la crisis para hacer que los ricos sean hoy más ricos que hace una década y los pobres, mucho más pobres. Con el endurecimiento de las leyes y actuaciones judiciales cuanto menos sorprendentes, como el encausamiento de decenas de compañeros por ejercer el derecho de huelga y la libertad sindical, no han intentado otra cosa que desautorizar y restar fuerzas a la clase trabajadora para defender sus derechos. Afortunadamente, no lo han logrado.

Se les olvida a aquellos que han emprendido esta cruzada contra el sindicalismo que sin el movimiento obrero no habríamos conseguido ninguna mejora laboral ni social en este país. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a una indemnización por despido, el derecho a la huelga, la erradicación del trabajo infantil, el diálogo social… son conquistas laborales que costaron sudor y sangre a muchos compañeros a los que creo que la sociedad no ha reconocido como se merece el trabajo que hicieron por las generaciones futuras. Un trabajo que hoy continuamos realizando velando por los trabajadores, negociando sus convenios en las empresas, denunciando los abusos patronales, defendiendo a los compañeros en los juzgados y convocando huelgas, unas convocatorias que se han convertido en el blanco de la diana en virtud de la aplicación de un artículo del Código Penal, el 315.3, propio de una época negra de España que creíamos ya superada.

Actualmente, la justicia ha abierto causas y actuaciones penales contra cerca de trescientos compañeros por participar legítimamente en huelgas convocadas en defensa del Estado del Bienestar y en contra de las reformas laborales o los recortes sociales. Estamos asistiendo a un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática y a nadie se le puede olvidar que el derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido en España y en casi todos los países del mundo.

Está claro que el objetivo de esta cruzada contra la libertad sindical no es otro que provocar el desaliento, desanimar a los ciudadanos y a los trabajadores para que no participen en movilizaciones, para que no protesten en la calle bajo riesgo de ser encausados.

Todo un despropósito que no frenará a los sindicatos en sus posicionamientos. Las protestas que las centrales sindicales hemos convocado en los últimos años en contra de los recortes, de las políticas de austeridad, de los despidos, de la privatización y merma de servicios públicos o derechos sociales han sido siempre un éxito de participación con una clara y palpable ausencia de violencia. Y así seguirá siendo.

Por eso, nos oponemos frontalmente a este intento de restringir derechos fundamentales, basándonos en los principios democráticos que emanan de la Constitución, y reclamamos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que vulnera el ejercicio del derecho de huelga. Ahora que iniciamos andadura política con un nuevo Gobierno, creo que es el momento perfecto para derogar un artículo que restringe el ejercicio de derechos democráticos y libertades civiles.

Es inaceptable que en una sociedad adulta, moderna y crítica como la nuestra, el nuevo Gobierno mantenga leyes como el Código Penal, cuya reforma fue aprobada con el único objetivo de establecer nuevas restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales que mejor definen un sistema democrático y que son el cauce de participación social en los asuntos públicos, así como la expresión del pluralismo político e ideológico.

La reforma del Código Penal sólo perseguía cercenar las libertades democráticas para acallar la protesta social y el ejercicio de las mismas frente a las políticas de recortes, restrictivas y antisociales del Gobierno.

Nadie debe olvidar que el derecho a huelga es una herramienta imprescindible de la libertad sindical. Cercenar este derecho no sólo causa perjuicios irreparables a las personas encausadas, también al propio desarrollo de la actividad sindical en la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora.

Carmen Castilla

Secretaria General de UGT-A

@mc_castilla