Griñán aboga por la ‘eficacia’ en la asistencia a las víctimas y la ‘educación’ para prevenir la violencia de género

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha fijado una doble «prioridad» en la lucha contra la violencia de género: la «eficacia» en la asistencia a las víctimas y la «educación» como vía principal para «prevenir» esta lacra.
 
«Que ninguna mujer se encuentre sola para afrontar la terrible experiencia de la violencia y la privación de libertad», ha recalcado Griñán ante los 600 asistentes al I Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que ha inaugurado junto a la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.
 
El presidente de la Junta ha destacado que Andalucía cuenta con el Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección y la Comisión Institucional de Seguimiento de las acciones para la erradicación de los malos tratos, un «sistema pionero» en España para sumar eficacia y rentabilizar recursos en la lucha contra la violencia machista.
 
Asimismo, la comunidad se ha adherido al Protocolo nacional de atención a menores, porque, según José Antonio Griñán, «tenemos que garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes víctimas de la violencia con medidas que les ayuden a recuperar la dignidad y atiendan sus necesidades».
 
En el ámbito de la prevención, el presidente de la Junta ha anunciado que Andalucía está ultimando un Plan de Sensibilización para contribuir a «identificar los comportamientos, las actitudes y los valores que son el inicio, el germen de una situación que puede desencadenar en violencia, en cualquiera de sus formas».
 
«Aspiramos a un cambio social de gran calado», ha afirmado Griñán, para quien este cambio «sólo será posible con el compromiso ciudadano en la erradicación de las diversas formas de exclusión y discriminación, y el maltrato es la peor de sus manifestaciones».
 
El presidente de la Junta ha valorado además la importancia de la «ciudadanía activa» que conforma el movimiento asociativo de mujeres, los profesionales dedicados a la lucha contra la violencia, las personas que ofrecen su «apoyo desinteresado» y las que denuncian.
 
Espacio de encuentro
El I Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Junta, pretende convertirse en un espacio de encuentro y coordinación entre las administraciones públicas, entidades, agentes sociales y profesionales que trabajan en el campo de la erradicación de la violencia de género, con el fin de mejorar las estrategias y la efectividad de las medidas de prevención y atención a las víctimas.
 
Además, a lo largo de los dos días del congreso, se va a promover la creación de redes de trabajo e intercambio técnico a nivel autonómico, nacional e internacional en materia de lucha contra este tipo de violencia, y se expondrán en diversas mesas temáticas artículos científicos que abordan los malos tratos contra las mujeres.
 
En las jornadas participan representantes más de 60 ayuntamientos y diputaciones, de los centros provinciales y municipales de la mujer, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los juzgados de Familia y de Violencia, de los diferentes recursos existentes para la erradicación de la violencia de género, de los sindicatos, de las administraciones del Estado, de la Junta y de otras comunidades y de los medios de comunicación.
 
Entre los participantes en el I Congreso para el Estudio de la Violencia sobre las Mujeres destacan la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán; la fiscal de sala delegada de Violencia de Género del Tribunal Supremo, Soledad Cazorla; la profesora de Antropología y Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México Marcela Lagarde; el presidente de la Sociedad Española de la Psicología de la Violencia, Andrés Montero, y la profesora de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona Encarna Bodelón.
 
Recursos contra la violencia
La Junta de Andalucía destinó 30,7 millones de euros al desarrollo de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género durante 2009, lo que supone un aumento del 9% con respecto al año anterior.
 
El mayor gasto se realizó en el área de protección y atención a las víctimas de violencia de género, que alcanzó los 17,3 millones de euros, con medidas desarrolladas en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, la justicia, la igualdad y el bienestar social.
 
Esta inversión permitió, entre otras cosas, que los centros de acogida albergasen a 2.505 mujeres y menores a su cargo, los Centros de Información a la Mujer asesorasen a otras 24.787 en asuntos relacionados con los malos tratos y prestasen atención psicológica a 5.218, y el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Delitos de Andalucía (SAVA) atendiese a 5.371 personas.
 
Además, en el campo de la recuperación integral de las víctimas, que tuvo una inversión de algo más de 7 millones de euros, se consiguió la inserción laboral de 440 mujeres que han sufrido malos tratos y se concedieron ayudas económicas a 248 mujeres víctimas de la violencia de género.
 
Por otro lado, la Administración andaluza destinó 5,4 millones de euros a investigación, sensibilización y prevención de la violencia de género, a través de proyectos de coeducación en los centros escolares, campañas informativas y jornadas sobre este tipo de maltrato, como la edición de más de 380.000 ejemplares de materiales sobre prevención de los malos tratos para la formación de profesionales.
 
En Andalucía se registraron 26.838 denuncias por violencia de género durante 2009, presentadas por mujeres que, en su mayoría, tenían entre 21 y 40 años de edad. En ese mismo periodo, los juzgados acordaron 5.827 órdenes de protección de mujeres que habían sufrido malos tratos.
 
Andalucía cuenta con un total de 1.844 recursos -entre centros, servicios y entidades- que trabajan de forma directa o indirecta en la prevención, protección y lucha contra la violencia de género. Las diferentes medidas que llevó a cabo la Junta en 2009 beneficiaron a más de 387.000 personas, incluyendo tanto a las mujeres directamente atendidas en diferentes ámbitos como a las que participaron en otras iniciativas como formación de profesionales o asistencia jurídica.

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