El Senado aprueba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo
La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido aprobada definitivamente tras superar en el Senado su último trámite parlamentario y rechazar los tres vetos presentados así como las 88 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios. El texto ha contado con el apoyo del PSOE, Entesa Catalana Progrés (PSC-ERC-ICV), PNV, BNG y algunos senadores del Grupo Mixto y de CDC-CiU.
Al pleno del Senado ha acudido la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. La titular de Igualdad ha agradecido a los grupos parlamentarios “el rigor, la responsabilidad y el ánimo constructivo” que han culminado con la aprobación de “una ley ajustada a la realidad, que da respuesta al vacío que hemos mantenido durante años”. Asimismo, Aído ha extendido su agradecimiento a las asociaciones de mujeres y “a los cientos de personas que han colaborado desde que iniciamos este proceso hace un año y medio” y ha añadido que “pocas leyes han sido tan debatidas y reflexionadas como ésta”. “Con esta ley – ha señalado la ministra– las mujeres que se enfrenten a una situación tan difícil como la de interrumpir su embarazo lo harán en plazos perfectamente definidos y con la máxima seguridad jurídica, con la certeza de que su expediente no va a terminar en un juzgado”. Por último, la ministra ha subrayado que “esta ley es en primer lugar la ley de salud sexual y reproductiva, porque sólo si mejoramos la educación sexual podremos alcanzar el principal objetivo: reducir el número de embarazos no deseados”.
Mientras tanto el PP confía en que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la nueva Ley del Aborto, por entender que vulnera la sentencia «taxativa» y «explícita» que emitió en 1985, donde se establece que los derechos de la mujer no pueden tener «primacía absoluta» sobre la vida del no nacido.
El diputado Santiago Cervera, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, ha declarado que cumplirán su compromiso de recurrir esta Ley, que permite que «una vida dependa de una persona, aunque en este caso sea la madre», durante los primeros tres meses de gestación.
El TC, ha recordado, estableció una «línea roja» entre los derechos de la mujer y del narciturus, al limitarse a despenalizar el aborto en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, advirtiendo además que el Estado tiene que proteger la vida del no nacido como un «bien jurídico». El PP basa sus expectativas de éxito en que «no alegan la presunta inconstitucionalidad del texto simplemente por una lectura directa de la Carta Magna» sino porque «se limitan a leer» una sentencia del TC.
