El MARM presiona a las CCAA para que establezcan un registro de cotitularidad

La mayoría de las Comunidades Autónomas no cuentan aún con un registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y ganaderas, a pesar de que así se contempla en un Real Decreto de marzo de 2009. Más de un año después, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha mantenido una reunión con representantes de todas las CCAA para dar un nuevo impulso a su puesta en funcionamiento.
 
Este Real Decreto tiene por objeto promover la titularidad compartida de las explotaciones agrarias entre los cónyuges o miembros de las parejas de hecho reconocidas o inscritas en algún registro público, así como extender los beneficios en la cotización a la Seguridad Social a las mujeres que ostenten dicha cotitularidad.
 
“Las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan al titular de la explotación, se atribuirán conjuntamente a los cotitulares”, establece el texto. Para su vigilancia, el MARM contará con un registro en el que se reflejarán las declaraciones de titularidad compartida comunicadas desde las CCAA.
 
Por el momento Islas Baleares y Cataluña cuentan con su propio registro, este último puesto en marcha en enero de este año y ya con más de doscientas personas inscritas. Dicho registro permite la asimilación de derechos y obligaciones por parte de ambos miembros de la pareja.
 
Hasta ahora, lo más común era que el varón, y no la mujer, ostentase la titularidad de la explotación, y que por lo tanto fuera el único receptor de los beneficios. La mujer, a pesar de formar parte en la misma medida en la creación y explotación de los recursos, sólo aparecía como cónyuge colaboradora.
 
En este registro “ambos cónyuges aparecen como cogestionadores”, explica Teresa López, presidenta de Fademur, para quien el retraso de las CCAA está totalmente injustificado.
 
“Sin el registro, todos los bienes y derechos, por ejemplo en cuanto a la gestión de la cuota láctea, o los derechos derivados de la PAC, corresponden a un solo titular, así como los derechos derivados de la explotación”, detalla López.
 
“Con el registro, ambos cónyuges son titulares de los mismos derechos y deberes”, afirma. Y añade: “Creemos que vamos a salir ganando. Por ejemplo, la declaración de la renta ahora tenemos que hacerla siempre conjunta, porque todos los beneficios aparecen a nombre de una sola persona. Podremos empezar a hacerla por separado”.
 
Otro de los beneficios derivados será la capacidad de ambos cotitulares de realizar los trámites y las gestiones en las oficinas comarcales agrarias, donde hasta ahora ellas debían presentarse con una autorización de su marido, “casi como en la dictadura”.
 
Para otras asociaciones, la existencia de este registro, aun siendo positiva, no supone un cambio tan decisivo. Consideran, en cambio, que se trata de una iniciativa débil y poco realista. Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, manifiesta que dicho registro enfatiza en las obligaciones que adquiere la cotitular, pero no genera derechos en contrapartida.
 
El área de la mujer de COAG se ha mostrado crítica con la medida desde la aprobación del propio decreto, que consideran una mera declaración de intenciones, ya que no ofrece independencia a las cotitulares más allá de la recepción del porcentaje de las ayudas de la Política Agraria Común que le corresponda.