El IAM estudia el perfil de la mujer extranjera sometida a la prostitución
Sevilla. El 63% de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía han sido captadas en sus países de origen por las redes mafiosas a través de amigos, familiares o conocidos. Se trata de uno de los datos más llamativos del estudio ‘Las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía’, elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El estudio, pionero en la comunidad, es un «acercamiento al perfil de la mujer extranjera sometida a la trata con fines de explotación sexual en Andalucía», según ha detallado la directora del IAM, Soledad Ruiz, durante la presentación del informe, que aporta «no solo datos estadísticos cuantitativos y cualitativos sino también propuestas de intervención para profesionales que trabajen en este ámbito».
El estudio, basado en entrevistas a 150 mujeres víctimas de trata, desvela como primera conclusión que la principal forma de captación es el entorno familiar de la mujer. Asimismo, llama la atención que el 77% de las entrevistadas hayan sido víctimas de agresiones sexuales por parte de su pareja, familiares o grupos armados, una situación que las hace especialmente vulnerables a las redes de trata, que aprovechan su situación de rechazo familiar y social (por el mismo hecho de haber sido violadas) y su deseo de huir de dicha exclusión.
Son tres los principales motivos que impulsan a las mujeres a salir de sus países: la necesidad económica (55%); situaciones familiares, desde el rechazo por haber sido violadas hasta el cuidado de menores (22%); y los conflictos bélicos (23%).
El perfil de la víctima es el de una mujer joven (el 62% de las encuestadas tienen entre 26 y 35 años, predominando las menores de 30 años), con bajo nivel educativo (el 58% no tiene estudios o solo primarios y el 23% tiene estudios secundarios) y con cargas familiares (el 57% tiene alguna responsabilidad familiar y el 68% tiene hijos propios).
Por país de origen, el 36% de las víctimas de trata proviene de Europa del Este, seguido por un 32% de Latinoamérica (sobre todo Brasil) y el 32% de África subsahariana (sobre todo Nigeria). Llegan a España a través de diferentes medios, según la procedencia: desde Europa del Este, las redes utilizan transporte terrestre (autocar, furgoneta o tren); desde Latinoamérica el avión (con un prestamista con el que se adquiere una deuda de 15.000 a 20.000 euros); y desde África en autobús o patera (con una deuda de 20.000 a 40.000 euros). Por situación administrativa y jurídica, el 75% está en situación irregular o con documentos falsos y el 81% tiene orden de expulsión de España.
Respecto a los modos de control por parte de las redes, existe un control estrecho a través de amenazas y violencia física en los clubes. Las mujeres de confianza (con un rol más importante en la red) y otros agentes son más usuales en los pisos. Otros medios son la sustracción de la documentación o el cambio de la zona de explotación, para evitar el seguimiento.
El 48% de las víctimas reside en zonas rurales, cerca de explotaciones agrarias (sobre todo en Almería y Huelva) y el 52% restante repartido entre zonas suburbanas y urbanas. Los lugares donde son forzadas a prostituirse son, en un 53% de los casos, los clubes, seguido de un 31% en pisos y un 16% en la calle. Salvo la atención sanitaria (el 69% la ha recibido), las mujeres no acceden a los recursos sociales y, si lo hacen, es a través de ONG, por la confidencialidad que éstas les proporcionan.
Las expectativas de futuro de las víctimas varían según la zona de procedencia. Así, las mujeres procedentes de Europa del Este, donde predominan los estudios superiores, aspiran a convalidar o terminar sus estudios y lograr un puesto de trabajo a medio plazo; las de Latinoamérica (con menos formación pero con la ventaja idiomática) también desean trabajar, en este caso en sectores como la hostelería y los servicios domésticos, una vez salden la deuda y regulen su situación; mientras que las de África, con menor formación y la barrera del idioma, presentan más vulnerabilidad, y solo aspiran a corto o medio plazo a obtener papeles.
Propuestas de intervención
El estudio aporta, a nivel cualitativo, otras conclusiones como la necesidad de una actuación informativa inmediata en los puntos de entrada masiva (como Ceuta y Melilla) para dificultar el contacto con la red en España, y de un trabajo de concienciación desde el primer momento, dado que el 89% de las víctimas no se reconocen como tales, a pesar de que todas ellas tienen en común la necesidad prioritaria de salir de la prostitución.
A partir de ahí, el estudio recomienda a nivel jurídico fomentar la decisión de denunciar, articular medidas que garanticen el período de reflexión, elaborar una ley integral de víctimas de trata, agilizar la coordinación entre autoridades, formar a los profesionales, elaborar protocolos más ágiles, crear unidades especializadas que den información inmediata a las víctimas y crear turnos de abogados especializados para la atención a las víctimas en todas las provincias (únicamente existe en el Colegio de Abogados de Sevilla), entre otras medidas. A nivel social, se apuesta por reforzar recursos de acogida, coordinar mejor los recursos para evitar «peregrinaciones» a las mujeres, cubrir con ayudas los costes de alojamiento y alimentación, etc. A ello se suma la necesidad, en el ámbito sanitario, de reforzar una atención especial a un colectivo que sufre enfermedades como el VIH, consecuencia de la explotación.
En el terreno laboral, se aboga por facilitar la convalidación de los estudios a quienes los tengan, ofrecer planes de alternativa de vida, dar acompañamiento a la inserción o reforzar los acuerdos con los agentes sociales y las administraciones públicas, entre otros, mientras que en la parcela educativa el estudio recomienda más recursos para la formación de las víctimas y más acciones formativas para hombres jóvenes orientadas a concienciar sobre las consecuencias de la prostitución.
