Desempleo y problemas con entidades bancarias, principales quejas
El paro, las prestaciones económicas, los problemas con las entidades bancarias y el acceso a la vivienda fueron algunos de los temas más recurrentes en las quejas de los ciudadanos a través del Defensor del Pueblo a lo largo de 2011. En materia de empleo, el Defensor del Pueblo intervino en asuntos relacionados con la falta de coordinación entre los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos para subsanar deficiencias en la información que se facilita a los parados y por la tardanza en el cobro de prestaciones.
Además, se pidió al Ministerio de Trabajo información sobre cómo se puede mejorar la situación de los desempleados de larga duración y se inició una investigación de oficio sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres.
La inspección también actuó para que se aumentaran los medios, tanto humanos como materiales, para aliviar la sobrecarga de trabajo de organismos oficiales como el Servicio Público de Empleo o el Fondo Garantía Salarial (Fogasa).
Por otro lado, se abrió una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía para conocer las previsiones existentes para modificar el reglamento de planes y fondos de pensiones, ya que algunos ciudadanos en paro tenían dificultades para rescatar sus fondos.
Ante el incremento de un 23,5% de las familias que tuvieron que declararse en concurso de acreedores en el tercer trimestre, el Defensor del Pueblo propuso crear mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes y un órgano que tome la decisión si no hay pacto.
De la misma forma, se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas, porque son productos que no ofrecen una información adecuada sobre los riesgos que conllevan aunque sean legales. De hecho, la institución trabaja ahora en un informe sobre el sistema hipotecario español y otro sobre el catastro que se presentarán próximamente.
Las quejas relacionadas con los temas tributarios han crecido notablemente durante la crisis, por lo que la Defensoría ha insistido en la necesidad de aplicar una especie de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) social que tenga en cuenta las circunstancias de los menos favorecidos, ya que la propiedad de una vivienda no es representativa de la capacidad económica de su titular.
