Andalucía pide a Justicia que exima ya del pago de tasas a las víctimas de violencia de género
La Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Justicia que decida «de inmediato» eximir del pago de las tasas a las mujeres víctimas de violencia de género que desde la entrada en vigor de la nueva ley tendrán que abonar en los procedimientos civiles de separación o divorcio de sus agresores, según ha manifestado esta semana la directora general de Violencia de Género de la Consejería de Justicia e Interior, Silvia Oñate.
Desde que ha entrado en vigor la nueva ley de tasas judiciales, las víctimas que decidan denunciar la situación de violencia que sufren a manos de sus parejas deben pagar una tasa para poder divorciarse, pese a que el Gobierno del Estado ha anunciado eximirlas en la futura ley de Justicia Gratuita que no estará ultimada y aprobada hasta dentro de varios meses.
La Consejería de Justicia e Interior denuncia que las mujeres maltratadas tienen un nuevo obstáculo económico para denunciar y poder superar este drama
La directora de Violencia de Género ha mostrado su preocupación por este problema añadido para las víctimas, que con estas tasas tendrán un obstáculo económico más que se suma a las numerosas trabas y dificultades a las que se tienen que enfrentar para superar las situaciones de maltrato y violencia. Por todo ello, ha solicitado al Ministerio de Justicia que adopte una posición clara e inmediata y deje de generar más incertidumbre sobre este grave problema, ya que no podemos estar a la espera de saber cuándo se hará efectiva la Ley de Justicia Gratuita que para acabar con estas tasas injustas. A su juicio, «esta situación es intolerable y añade un temor económico al paso crucial que han de dar la víctimas para denunciar a sus agresores, haciéndolas mucho más vulnerables».
La responsable andaluza de violencia de género ha puesto de manifiesto su preocupación por la incidencia que estas tasas pueda tener en la interposición de denuncias, ya que con esta penalización económica se puede propiciar un descenso y que muchas mujeres desistan de seguir adelante con las mismas. Para acabar con esta situación, desde la Junta se exige al Gobierno estatal que paralice estas tasas de forma urgente con una iniciativa legislativa que exima de inmediato a las víctimas de violencia de género del abono de las mismas, sin tener que esperar a la futura aprobación de la nueva norma reguladora de la Justicia Gratuita.
Con las nuevas tasas judiciales, las víctimas de violencia de género tendrán que pagar para afrontar el proceso de separación y divorcio de sus agresores para dilucidar sobre el patrimonio de la pareja, procedimiento judicial que va aparejado a la denuncia por violencia de género.
La Junta de Andalucía ha mostrado su rechazo a la nueva ley de tasas judiciales por suponer, además de esta flagrante discriminación a las mujeres víctimas de violencia de género, un ataque a las clases medias y a la igualdad de la ciudadanía ante la Administración de Justicia, por lo que está estudiando la interposición de un recurso ante el TC por su posible inconstitucionalidad.
La Consejería de Justicia e Interior, que considera que existen fundamentos para plantear este recurso que se sustanciará en las próximas semanas, advierte que estas tasas ocasionarán un gran daño a las clases medias y trabajadoras que no podrán beneficiarse de la Justicia Gratuita y que verán limitado su derecho a la tutela judicial efectiva.
