Andalucía inicia los trámites del Anteproyecto de Ley para la Igualdad de Género

Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de AndalucíaEl Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Así lo ha explicado la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, tras la reunión ayer del Ejecutivo andaluz. Esta norma fijará el marco jurídico para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres e incorporar este objetivo a todas las políticas del Gobierno andaluz. <?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» />El texto recoge como principios rectores la conciliación entre vida personal y laboral, el desarrollo de acciones de discriminación positiva en favor de la mujer, la representación equilibrada de ambos sexos entre los altos cargos de la Administración autonómica y la promoción de un lenguaje y una imagen pública no sexista.<?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» /> En línea con las previsiones del proyecto de ley estatal sobre esta materia, la norma andaluza establecerá un permiso de paternidad, individual y no transferible, para todo el personal de la Administración autonómica en caso de nacimiento, adopción o acogimiento de menores, tanto preadoptivo como permanente, aunque éstos sean provisionales. La principal novedad respecto a la legislación estatal consiste en que este permiso parental se extenderá también, en el ámbito de la Administración andaluza, a los progenitores, adoptantes o acogedores del mismo sexo. Así, de la medida podrá beneficiarse la persona a la que no le correspondiera por parto, adopción o acogimiento. En el terreno educativo, el anteproyecto incluye previsiones para promover la coordinación entre horarios laborales y docentes; crear servicios de inspección para velar por el cumplimiento de los valores de igualdad; implantar asignaturas específicas, y promover la eliminación de prejuicios y estereotipos sobre la realidad de las mujeres. Actualmente la Junta desarrolla diversos proyectos para alcanzar estos objetivos a través del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación, aprobado el pasado año. En cuanto al empleo, el texto plantea como objetivo principal aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo a través de una especial atención a colectivos de mujeres en los que confluyen varias causas de discriminación (personas con discapacidad, víctimas de violencia, mayores de 45 años). Además, se establece la creación de un servicio especializado dependiente de la Junta para respaldar y asesorar a las mujeres en actividades emprendedoras y en la constitución de sus propias empresas. De acuerdo con el anteproyecto de ley, la Junta promoverá, a través de la negociación colectiva en la Administración y en las empresas públicas, la elaboración de planes de igualdad de oportunidades y la implantación de jornadas parciales y medidas de flexibilidad horaria para conciliar vida laboral y familiar en el empleo público. Respecto a las empresas privadas, la futura ley propiciará la concesión de incentivos para cumplir con estos objetivos y para favorecer la dotación de guarderías y otros servicios sociales en los centros de trabajo. Representación paritaria En todos los centros directivos dependientes de la Junta de Andalucía, la representación de ambos sexos entre las personas que ocupan altos cargos deberá ser de al menos el 40%. Actualmente, esta medida de paridad se aplica ya en la composición del Gobierno andaluz y en los distintos órganos consultivos adscritos a la Administración autonómica. Además, la ley obligará a los poderes públicos a impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección de otras organizaciones y entidades de la comunidad autónoma. Otras previsiones recogidas en el terreno social son las relativas a la prioridad de acceso a viviendas protegidas para mujeres en riesgo de exclusión social (de igual modo que actualmente para las víctimas de violencia); la elaboración de programas específicos de atención social a mujeres mayores, con especial atención a las que se encuentran solas, y el desarrollo de planes de apoyo a la labor del cuidado de personas en situación de dependencia. Finalmente, el anteproyecto garantiza la participación en igualdad de las mujeres en todas las actividades sociales, culturales, lúdicas y deportivas, así como el derecho a una imagen digna que refleje adecuadamente su realidad. En esta línea, se presta especial atención a evitar en los medios de comunicación y en la publicidad el lenguaje sexista y los contenidos que puedan justificar o incitar el ejercicio de la violencia contra la mujer.