150.000 andaluzas se beneficiarán de un programa de inserción
Las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y de Empleo, Empresa y Comercio de Andalucía han firmado un acuerdo de colaboración que va a permitir el refuerzo de las políticas públicas en materia de empleo, orientación laboral, formación profesional y planes de igualdad en empresas, desde el punto de vista de la igualdad de género, que desarrolla hasta el momento la Junta de Andalucía. Concretamente, posibilitará que alrededor de 150.000 mujeres andaluzas participen en los dos próximos años en programas de orientación e inserción laboral y así mejoren sus posibilidades de acceso al mercado laboral, con un coste económico estimado de 29 millones de euros.
El convenio, con una vigencia de dos años prorrogables, se estructura en torno a cinco grandes líneas de actuación y va a suponer una ampliación y una mayor eficacia de los recursos públicos disponibles en políticas de fomento del empleo, orientación, formación profesional y planes de igualdad en empresas en Andalucía. Así, contempla que la atención a las mujeres desempleadas que hasta ahora desarrollaba el IAM a través del programa UNEM (Unidades de Empleo de Mujeres) sea asumida por el SAE a través de sus 226 unidades de orientación de la red Andalucía Orienta y los Centros de Referencia para la Orientación, que cuentan con un total de 634 personas especialistas y un centenar de profesionales de apoyo administrativo. Con ello, se ampliará la disponibilidad geográfica y se alcanzará una mayor eficiencia de los recursos disponibles. Asimismo, el SAE promoverá la participación de mujeres jóvenes, de entre 16 y 30 años, en los programas de Garantía Juvenil.
Por su parte, el Instituto Andaluz de la Mujer velará porque los programas se desarrollen con los valores de género necesarios, facilitando para ello el conocimiento y la metodología necesaria, a través de sesiones formativas provinciales para el personal del SAE.
El Servicio Andaluz de Empleo también desarrollará políticas específicas para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, con un programa de Itinerarios personalizados y formación teórico-práctica, similar al antiguo Cualifica. Las destinatarias serán mujeres víctimas atendidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida, en los Centros Provinciales o los Centros Municipales del IAM, que asumirá el gasto de la prestación económica que percibirán las participantes. De cara a garantizar la cualificación profesional de estas mujeres, el convenio establece el acceso prioritario de las mujeres a las acciones formativas previstas en la convocatoria actual de formación profesional para el empleo dirigida a personas desempleadas, un total de 1.779 cursos que arrancan este mismo mes.
El IAM seguirá desarrollando la línea de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo, mientras el SAE se compromete a expedir el informe de empleabilidad que es requisito necesario para las solicitantes.
En materia empresarial, el SAE cuenta con un dispositivo especial de 186 “Agentes de empresas”, que incorporará a su catálogo de programas un servicio específico de información sobre los incentivos estatales disponibles a la contratación por parte de las empresas de mujeres víctimas de violencia de género. La previsión es que esta red de agentes visite alrededor de 25.000 empresas a lo largo de este año, ofreciendo este nuevo servicio.
En la línea de prevención de riesgos laborales, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) de la Consejería de Empleo, a través de su Laboratorio Observatorio sobre Condiciones de Trabajo desde la perspectiva de Género en Andalucía, añadirá acciones de divulgación conjunta con el IAM a sus habituales actividades de análisis de los riesgos relevantes para las mujeres o específicos de género.
Junto a ello, el convenio contempla también la visualización de las brechas existentes entre mujeres y hombres en la economía andaluza; el apoyo al establecimiento de los Planes de Igualdad en las empresas, con guías estudios y protocolos conjuntos; el impulso en el SAE de acciones de asesoramiento a empresas para la elaboración de medidas de conciliación o el establecimiento por parte del IAM de reconocimientos para distinguir aquellas entidades comprometidas con la igualdad.
