Una nueva legislatura para el trabajo autónomo

Las medidas introducidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, y más recientemente las introducidas en el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de Diciembre, estas últimas tras un largo proceso de debate con las asociaciones de trabajadores autónomos, han representado un buen avance en materia de regulación del trabajo autónomo, después de la aprobación de su Estatuto regulador que proviene del año 2007, y de la Ley que regula la prestación por cese de actividad del año 2010 y que continúa pendiente de una modificación que permita su eficacia protectora.

A pesar de los avances producidos en materia de políticas activas, aunque centradas prácticamente en exclusiva en la aplicación de las denominadas tarifas planas de cotización a la Seguridad Social para los nuevos autónomos, así como en las cotizaciones y prestaciones sociales, la realidad es que todavía estamos lejos de haber conseguido cerrar el ciclo de una verdadera política eficaz para desarrollar el autoempleo individual, en particular en tres ámbitos: sistema definitivo de cotización a la Seguridad Social, régimen de aplicación de medidas para la correcta definición de los conceptos deducibles fiscales en el IRPF y una política estratégica de fomento público del autoempleo, especialmente dirigido a los más jóvenes y las mujeres, así como en el ámbito rural.

La realidad es que el abrupto final de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo se llevó consigo todos los avances dirigidos a ofrecer una alternativa definitiva a los antiguos sistemas de cotización y prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social que ya había sido estudiados por la Subcomisión Parlamentaria para la Reforma del Trabajo Autónomo. Así mismo, continúa sin definirse el plan Estratégico 2020-2023 en materia de Políticas Activas para el desarrollo del trabajo autónomo, que tan solo se encuentra en fase de análisis de los primeros borradores.

Por otra parte, las normas fiscales incluidas en la Ley 6/2017, que parecían un avance en el objetivos de disminuir la brecha fiscal entre empresas y trabajadores autónomos, finalmente han resultado fracasadas, debido a las restrictivas interpretaciones de la Agencia Tributaria que, en materia de deducciones de gastos deducibles, ha conseguido limitar aún más los existentes actualmente.

Por estas razones, las propuestas de UPTA para la legislatura que deberá comenzar este mes no pueden ser más que las que complementan el Plan de Trabajo ya previsto, y escasamente desarrollado, en los dos periodos claramente diferenciables de la legislatura anterior.

Así, en materia de Seguridad Social, además de la constitución inmediata de la Comisión que estudie la propuesta definitiva de sistema de cotización en el RETA de acuerdo con los ingresos efectivos producidos, proponemos, entre otras medidas, la creación de un subsidio especial a partir de los 52 años para trabajadores autónomos que hayan sido beneficiarios de la protección por cese de actividad, previa actualización de la Ley 32/2010 que regula el acceso a la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos en los términos acordados con las organizaciones de autónomos.

El nuevo gobierno debe afrontar estas cuestiones más pronto que tarde, y esperamos que el trabajo autónomo se sitúe en el centro de la actividad legislativa parlamentaria y de gobierno. Son muchas las promesas que hemos escuchado por parte de todas las fuerzas políticas, ahora toca llevarlas a cabo.

Inés Mazuela Rosado | Secretaria General de UPTA-A

@InesMazuelaRo

Artículo incluido en el número de mayo de la revista Agenda de la Empresa

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